El parlamento venezolano dominado por el chavismo aprobó una ley de amnistía que ha generado debate nacional e internacional. Aunque el gobierno la presenta como un paso hacia la “reconciliación”, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición la consideran insuficiente, parcial y con claras limitaciones en su alcance y efectos.
Imagen obtenida de HERALDO.
El alcance de la amnistía y sus exclusiones
La ley aprobada ofrece amnistía para personas involucradas en protestas y eventos políticos entre 2002 y 2025, pero excluye explícitamente a aquellos condenados por delitos graves, como rebelión militar, violaciones a derechos humanos, asesinato o corrupción.
Esta delimitación tiene consecuencias prácticas y simbólicas. Por un lado, reduce parcialmente la presión sobre algunos sectores de la oposición, especialmente aquellos acusados por actos menos graves. Por otro lado, mantiene fuera de la protección legal a actores con casos criminales más serios, lo que puede interpretarse como una forma de control selectivo político.
Además, la ley no restituye derechos políticos revocados, ni elimina sanciones asociadas a medios de comunicación o personas vinculadas con la disidencia. Los exiliados enfrentan barreras adicionales, como la exigencia de presentarse personalmente para acceder a la amnistía, lo que limita su aplicabilidad real.
Reacciones de derechos humanos y oposición
Organizaciones como Foro Penal han criticado el alcance de la normativa, señalando que aún quedarían cientos de presos políticos sin liberar y que el diseño excluyente de la ley indica una voluntad limitada de desmantelar mecanismos de represión política.
Las protestas callejeras y huelgas de hambre por parte de familiares de detenidos reflejan una desconfianza profunda hacia el proceso. La crítica no solo se basa en la letra de la ley, sino también en la experiencia histórica de acuerdos y leyes en Venezuela que han tenido resultados mixtos en términos de efectividad y justicia.
Contexto político más amplio
La aprobación de esta amnistía se da en un contexto de cambios estructurales en el poder venezolano, con la salida de figuras clave del régimen anterior y esfuerzos de algunos actores por normalizar relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos y gobiernos europeos.
Sin embargo, la amnistía parcial subraya que no hay un consenso nacional sobre los términos de una transición política legítima. Mientras sectores del gobierno buscan mostrar apertura, otros sectores de la oposición y observadores externos ven estas medidas como insuficientes y calculadas para preservar ventajas políticas.
Amnistía y legitimidad internacional
El proceso también tiene una dimensión internacional: las medidas han sido observadas como parte de estrategias para desbloquear sanciones, atraer inversión y cambiar la narrativa de Venezuela en foros multilaterales.
Esto plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto la amnistía es un instrumento de reconciliación nacional versus un mecanismo para reconfigurar la percepción global del país? La respuesta requiere distinguir entre resultados tangibles (liberación de presos, restitución de derechos) y efectos simbólicos o propagandísticos frente a audiencias externas.
Conclusión: amnistía no es reconciliación
La ley de amnistía aprobada representa un paso parcial hacia la reducción de tensiones políticas, pero no constituye una solución de fondo a las demandas de justicia, libertad política y pluralismo en Venezuela. Su diseño limitado y excluyente sugiere que cualquier reconciliación será incompleta sin reformas institucionales más profundas, garantías de derechos y un proceso verdaderamente inclusivo.
