Observé por un momento el mapa de conflictos globales que el CFR (Council on Foreign Relations) publica para marzo de 2026. La primera impresión es bastante elocuente: son pocas las regiones que no están de alguna manera atravesadas por algún conflicto relevante. La imagen coincide con algo que venimos señalando desde hace tiempo en Internacionalizarse: vivimos en un mundo mucho más incierto y peligroso que el de un pasado no tan lejano.
No se trata solo de que existan guerras. Siempre las hubo. Lo que llama la atención, al menos al mirar este mapa en conjunto, es la densidad, la simultaneidad y la diversidad de los conflictos abiertos.
El CFR incluye escenarios de distinta naturaleza, pero todos con capacidad de alterar equilibrios regionales e internacionales: guerras entre Estados o con participación directa de Estados, como Rusia contra Ucrania o la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán; guerras civiles, como Sudán, Siria o Myanmar; conflictos entre Estados y organizaciones criminales transnacionales, o entre esos mismos grupos por el control de plazas y liderazgos, como en México, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador; expansión y amenaza de organizaciones terroristas, como en Yemen, Somalia, Malí, Burkina Faso y Níger; conflictos irresueltos y latentes, como el de Corea del Norte y Corea del Sur; entre otros.
A partir de esa observación me surgió una pregunta bastante simple: ¿desde cuándo se normaliza esta espiralización de conflictos? Porque tengo la impresión de que, como seres humanos —sobre todo quienes no sufrimos las consecuencias materiales de la crudeza que implica estar cerca o ser parte de estos escenarios trágicos—, hemos naturalizado que el mundo funcione más o menos dentro de un “caos” permanente.
Y si bien es cierto que siempre hubo guerras y conflictos, también es cierto que la escalada y radicalización de algunos procesos obligan a detenerse un momento y pensar qué está pasando con estas dinámicas sociales y qué efectos producen sobre el sistema mundial.
Según mis principales fuentes de consulta, como el mismo CFR, pero también centros de estudios estratégicos y organismos especializados, esta aceleración de escenarios de guerra y de enfrentamientos violentos entre distintos grupos —sean actores estatales o no estatales— se consolidó con más claridad en el período inmediatamente posterior a la pandemia del COVID-19.
Dicho con prudencia, el primer lustro de la década del 20 aparece como uno de los momentos de mayor expansión y agravamiento de conflictos de la posguerra, con niveles excepcionalmente altos de conflictividad organizada.
¿Esto quiere decir que nos encontramos en una Tercera Guerra Mundial? Creo que todavía es muy pronto para pronunciarse en esos términos. Además, siempre desconfié de ese tipo de etiquetas. Entre otras cosas, porque suele ser trabajo de los historiadores construirlas cuando la evidencia empírica ya está algo más despejada, cuando baja el polvo y se remueven los escombros, cuando el paso del tiempo permite análisis estructurales y sistémicos más sólidos.
Por el momento, lo que sí puede decirse es que nos encontramos en una situación de alta volatilidad, y esa volatilidad se traduce a todas las dimensiones de la vida en sociedad.
Desde el punto de vista económico, por medio de tensiones comerciales que generan disrupciones en cadenas de valor y que, ocasionalmente, se traducen en más inflación o en escasez de ciertos bienes o servicios en mercados finales.
Desde lo político, se manifiesta en el deterioro de relaciones diplomáticas y de cooperación, así como en castigos que afectan a las personas y su vida cotidiana. Por ejemplo, restricciones o desalientos oficiales a los viajes o al intercambio como represalia política. Esto está haciendo China con Japón en medio de una escalada diplomática vinculada, entre otras cosas, a declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la cuestión de Taiwán.
Desde el punto de vista institucional, también estamos siendo testigos de la erosión del Derecho Internacional Público (DIP) y de sus creaciones organizacionales: desde organizaciones de carácter global, como la ONU, la OMS, el FMI, el Banco Mundial y la Corte Internacional de Justicia, hasta organizaciones de carácter regional, como la OEA, la OTAN y el MERCOSUR.
Pero esa erosión quiero matizarla.
En primer lugar, porque el DIP siempre fue más un régimen de regulación, recomendación y legitimación que de efectiva imposición normativa y conductual para los actores. En segundo lugar, porque muchas de las organizaciones creadas reflejaron un equilibrio de poder internacional que ya no existe en los mismos términos, por lo que estamos en medio de una transición compleja. En tercer lugar, porque a pesar de toda la evolución y desarrollo institucional en la arena internacional, el sistema mundial sigue siendo anárquico, aunque con una tendencia hacia relaciones heterárquicas: distintos actores, con distintos grados de poder, capaces de imponer relaciones de mando y obediencia en algunas áreas, mientras que en otras conviven con otros poderes en términos de equilibrio o de subordinación.
Lo que está en crisis hoy es el sistema de orden internacional que lideró Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, Israel y Corea del Sur. Lo que se rompió es el denominado Orden Internacional Liberal.
Pero esa ruptura se explica, en buena medida, porque Estados Unidos ya no quiere liderarlo del mismo modo, o al menos ya no está dispuesto a asumir el costo de sostenerlo bajo los parámetros anteriores, porque entiende que la carga es demasiado pesada y los beneficios demasiado discutibles.
En simultáneo, emergen y consolidan posiciones otros actores que nunca se sintieron plenamente representados por ese liderazgo, pero que no necesariamente reniegan del orden internacional ni de sus instituciones. Por ejemplo, China. China sigue utilizando y apostando a organismos multilaterales, principalmente la OMC y la ONU. Además, intenta crear o fortalecer otros mecanismos que reflejen mejor sus intereses en Asia-Pacífico.
El problema con esta transición es que muchos de esos actores emergentes son, al mismo tiempo, revisionistas respecto del orden previo. Y ese revisionismo no es un detalle menor. Es una forma de mirar la propia historia y el pasado con perspectiva crítica, identificando responsables del estado de situación en el que esos actores se encuentran en el presente.
Además de cuestionar el pasado, el revisionismo propone nuevas formas de ver la política y de organizar el poder. Sobre esa base, distintos grupos sociales intentan imponer nuevas realidades, sea a través de Estados o de organizaciones con capacidad de fuego.
Eso se ve, por ejemplo, en algunos países de África, sobre todo en la zona del Sahel —Malí, Burkina Faso y Níger—, donde la expansión de grupos extremistas, especialmente vinculados al yihadismo islámico, convive con golpes de Estado y con la instrumentalización política del sentimiento anticolonial, sobre todo antifrancés.
En África se están viviendo convulsiones sociales muy profundas, con episodios de violencia extrema, matanzas masivas y estructuras estatales débiles, incapaces de erigir rasgos institucionales mínimos que permitan normalizar la vida de sus poblaciones.
Los conflictos en Sur, Centro y Norteamérica, por otro lado, tienen otra naturaleza. Están más relacionados con empresas de actividades ilegales que generan tasas extraordinarias de beneficio: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de minerales, obras de arte, datos electrónicos, entre otros.
América Latina y el Caribe están atravesados principalmente por las dinámicas que imponen los grupos dedicados a la producción y distribución de drogas ilícitas. La región andina es el principal centro productor de cocaína; el Triángulo Norte de Centroamérica funciona como enclave estratégico para plazas de almacenamiento y distribución hacia mercados de consumo en Estados Unidos y Europa. Brasil se posiciona como un país cada vez más importante en la actividad criminal en general. México, por su parte, concentra algunos de los principales cárteles de narcotráfico y otras ramas que trascienden las drogas, con alta capacidad de fuego y fuerte poder territorial.
La emergencia y consolidación de este tipo de organizaciones ha generado enormes perjuicios sociales. No solamente son responsables directos e indirectos de muertes que se cuentan por cientos de miles, sino también de desplazamientos forzosos —personas obligadas literalmente a irse de sus casas porque ahora ese barrio o esa ciudad es una plaza de mando para actividades ilícitas—, de impactos ambientales, de empobrecimiento generalizado y de destrucción de fuentes de actividad económica y de productividad social.
Los Estados-Nación en esta parte del mundo se encuentran estructuralmente incapacitados para hacer frente a estas amenazas transnacionales. No solo porque sus estructuras están infiltradas por estas organizaciones, sino también porque muchas de sus economías arrastran déficits y deudas elevadas que drenan recursos que podrían destinarse a otro tipo de infraestructuras; asimismo, por la corrupción de dirigentes y empresarios; y por la histórica dependencia respecto de mercados mundiales que, en convivencia con altas concentraciones de propiedad y de medios de producción, derivan en sociedades con elevadas tasas de desempleo, alta informalidad, débil protección social formal e infraestructuras insuficientes para proveer servicios básicos, incluida la seguridad ciudadana.
La gran mayoría de estos conflictos tiene raíces históricas. Muchos siguen irresueltos incluso desde principios del siglo pasado. Otros continúan funcionando como una picadora de carne estructural porque son sostenidos por mercados imposibles de detener, con una demanda y una oferta que se traccionan mutuamente en la persistencia de actividades ilícitas.
Pero si hoy parecen más visibles, más densos y más omnipresentes, es precisamente porque estamos en una transición sistémica. El viejo orden cae, pero no termina de derrumbarse. En medio de eso, nuevos actores o arquitectos intentan construir nuevos órdenes, nuevos edificios. Pero para ello primero deben ser capaces de imponerse en el espacio y en el tiempo. Y esa imposición, por lo general, como enseña la historia, se realiza mediante la fuerza y la coerción.
Tal vez por eso la sensación que deja ese mapa no es solo la de un mundo en conflicto, sino la de un mundo entrando en otra etapa histórica. Un mundo más incierto y peligroso como consecuencia de grandes transformaciones en el plano político, económico y social, en el marco de una nueva revolución tecnológica e industrial.
Las reconfiguraciones estructurales suelen ser dolorosas. Los equilibrios de poder tardan en encontrar nuevos puntos de acuerdo. El problema es que el viejo orden, el DIP, aunque siempre pudo haber sido más una ilusión parcial que una realidad plenamente eficaz, funcionaba al menos como un paraguas que tendía a proteger a actores pequeños y medianos frente a la voluntad y al poder de los grandes.
Al debilitarse ese paraguas, reaparece con más crudeza una pregunta muy antigua: qué hacer frente a la avanzada de las grandes potencias; si sucumbir, arrodillarse o asociarse con otros para encontrar alternativas.
Eso es, en definitiva, lo que veo cuando observo este mapa. No solo una suma de guerras y conflictos dispersos, sino una imagen concentrada de la transición que atraviesa el sistema internacional.
Esta es la historia que se está escribiendo ahora mismo. Seremos testigos del orden que emerja cuando las grandes potencias concluyan esta fase de competencia y sobrevenga, otra vez, un tiempo de calma relativa, siempre temporal, hasta que el ciclo vuelva a comenzar.
Gracias por leer.
Si este texto te resultó útil, podés escribirme a info@internacionalizarse.org y contarme qué parte del análisis te interesa seguir desarrollando: la crisis del orden liberal, la expansión del crimen organizado, la transición sistémica o el papel de las potencias emergentes en esta nueva etapa.
