Por Gonzalo Otárola
Las organizaciones internacionales rara vez enfrentan sus mayores crisis por falta de recursos. Con frecuencia, los desafíos más profundos aparecen cuando una decisión altera el equilibrio de confianza entre quienes integran la institución. En esos momentos, el poder comienza a depender menos de las atribuciones formales y más de la capacidad de construir consensos.
Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en la FIFA.
Durante gran parte de 2026, la continuidad de Gianni Infantino al frente del máximo organismo del fútbol mundial parecía prácticamente asegurada. Después de una década de gestión, el dirigente suizo había consolidado una amplia red de apoyos entre las 211 asociaciones nacionales que conforman la FIFA. La Confederación Africana de Fútbol había respaldado públicamente su candidatura para el periodo 2027-2031 y todo indicaba que la próxima elección presidencial transcurriría sin grandes sobresaltos.
Sin embargo, en apenas unos días, una iniciativa concebida para fortalecer las finanzas de la organización terminó convirtiéndose en la mayor prueba política de su liderazgo.
El inicio de la controversia
El 28 de julio, la FIFA presentó oficialmente FIFA Forward Enterprise —FFE—, una nueva filial destinada a concentrar sus operaciones comerciales y la organización de sus principales competiciones.
La propuesta contemplaba incorporar inversionistas privados mediante la venta de una participación minoritaria, sin capacidad de control, de hasta el 20 %. Con esa operación, la FIFA aspiraba a recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares, sobre la base de una valoración de la nueva empresa cercana a los 20.000 millones.
Según la organización, los recursos permitirían aumentar de manera significativa la financiación destinada a sus 211 asociaciones miembro. El dinero se utilizaría para proyectos de infraestructura, formación, desarrollo del fútbol femenino, selecciones nacionales, competiciones y programas de crecimiento del deporte en diferentes regiones.
Desde la perspectiva de la FIFA, la iniciativa no suponía ceder el control institucional del fútbol. La organización conservaría la propiedad mayoritaria y el control exclusivo sobre la nueva empresa, así como todas las competencias relacionadas con la gobernanza, el calendario internacional, las competiciones y la regulación deportiva.
En apariencia, se trataba de una reforma financiera.
Pero el debate rápidamente dejó de centrarse en el dinero y pasó a concentrarse en el procedimiento mediante el cual se había elaborado y presentado la propuesta.
La reacción de las confederaciones
La primera respuesta llegó desde la UEFA.
El organismo europeo denunció la falta de transparencia y de consultas previas, y sostuvo que una reforma de semejante magnitud no podía impulsarse sin la participación de las asociaciones nacionales y de los demás actores del fútbol. La oposición escaló rápidamente: sus 55 federaciones acordaron que no participarían en competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante.
La decisión suponía una amenaza directa para la continuidad de los principales torneos internacionales. La UEFA reúne a varias de las federaciones con mayor peso económico, deportivo y comercial del mundo, por lo que un eventual boicot habría afectado la viabilidad de las competiciones administradas por la nueva empresa.
La Concacaf adoptó una posición igualmente crítica, aunque sin sumarse a la amenaza de boicot. Tras una reunión con representantes de sus 41 asociaciones miembro, rechazó la propuesta, cuestionó la falta de debido proceso institucional y advirtió que los plazos establecidos eran insuficientes para evaluar una transformación de esa magnitud.
También señaló que el proyecto no había sido sometido adecuadamente a los órganos formales de gobernanza de la FIFA.
La tercera reacción llegó desde la Confederación Asiática de Fútbol. Su presidente, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, calificó el procedimiento seguido por la FIFA como «totalmente inaceptable» y sostuvo que una reforma estructural de esa naturaleza debía construirse mediante un proceso transparente y participativo.
La AFC expresó además su solidaridad con UEFA y Concacaf, aunque no anunció que sus federaciones fueran a abandonar las competiciones internacionales. Con su incorporación, la resistencia pasaba a abarcar tres confederaciones y adquiría una dimensión claramente intercontinental.
En Sudamérica, la respuesta fue más cautelosa.
La CONMEBOL evitó respaldar inmediatamente la propuesta, pero tampoco se sumó al rechazo frontal promovido por las otras confederaciones. Solicitó información adicional sobre FIFA Forward Enterprise, pidió aclaraciones acerca de su estructura de gobernanza y anunció consultas con sus diez asociaciones nacionales antes de fijar una posición institucional.
Su comunicado sostuvo que cualquier decisión comercial debía permanecer subordinada a la protección de los valores y de la esencia del fútbol.
La Confederación Africana de Fútbol tampoco formuló críticas comparables a las de UEFA, Concacaf o AFC. La CAF anunció que su Comité Ejecutivo estudiaría la propuesta, una posición que debía interpretarse en el contexto de su respaldo previo a la reelección de Infantino. Sin embargo, esa cercanía política con la presidencia no equivalía a una aprobación formal de FIFA Forward Enterprise.
Por su parte, la Confederación de Fútbol de Oceanía optó por una posición prudente y se limitó a señalar que analizaría el proyecto dentro del proceso de consulta abierto por la FIFA.
Las posiciones de las seis confederaciones no fueron idénticas. Algunas rechazaron abiertamente la iniciativa, otras solicitaron más información y algunas evitaron pronunciarse de forma definitiva.
Sin embargo, el procedimiento de decisión, la ausencia de consultas previas y la falta de claridad sobre la gobernanza de la nueva empresa quedaron situados en el centro de la controversia.
El repliegue de la FIFA
La presión política acumulada comenzó a producir efectos.
En un primer momento, la FIFA defendió públicamente el proyecto. Insistió en que no pretendía «vender el fútbol», que conservaría el control absoluto sobre la nueva estructura y que los recursos obtenidos se destinarían al desarrollo del deporte.
La organización también sostuvo que la propuesta se encontraba abierta a modificaciones y que cualquier decisión definitiva dependería de la aprobación democrática de las asociaciones miembro.
Pero la reacción coordinada de UEFA, Concacaf y AFC, unida a la amenaza europea de abandonar las competiciones internacionales, elevó considerablemente los costes políticos del proyecto. Lo que inicialmente había sido presentado como una oportunidad financiera comenzaba a poner en riesgo la unidad de la organización y la continuidad de sus principales torneos.
El 31 de julio, Gianni Infantino anunció que FIFA Forward Enterprise no seguiría adelante.
El presidente reconoció que una iniciativa concebida para fortalecer a la organización no podía mantenerse si terminaba generando divisiones entre sus integrantes. Su prioridad, señaló, volvería a ser reunir a las partes y preservar la unidad del fútbol mundial.
La propuesta había durado apenas cuatro días.
Mucho más que una disputa deportiva
Lo ocurrido constituye un caso relevante para el estudio de las Relaciones Internacionales y de la gobernanza global.
La FIFA es una organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro, constituida como una asociación bajo el derecho suizo. Sus 211 asociaciones miembro se agrupan en seis confederaciones continentales y participan en la adopción de las principales decisiones institucionales.
El Congreso es formalmente el órgano supremo y legislativo de la FIFA. El Consejo actúa como principal órgano de decisión durante los periodos comprendidos entre las reuniones del Congreso, mientras que la Secretaría General desarrolla las funciones ejecutivas y operativas.
Dentro de esta estructura, la presidencia conserva una considerable capacidad para fijar la agenda, formular propuestas y orientar la distribución de recursos. Sin embargo, las decisiones estratégicas también dependen del voto de las asociaciones miembro, de la coordinación entre las confederaciones y de los costes políticos y deportivos que estas pueden imponer.
El episodio mostró con particular claridad cómo se distribuye el poder dentro de la FIFA: entre la capacidad presidencial para impulsar iniciativas, la autoridad formal de sus órganos institucionales y la capacidad de las confederaciones para organizar respuestas colectivas.
La controversia sobre FIFA Forward Enterprise recuerda, en ese sentido, el funcionamiento de otras instituciones internacionales. Las competencias formales permiten presentar una reforma, pero su implementación requiere que el procedimiento sea considerado legítimo y que exista una coalición política suficiente para sostenerla.
La oposición de las confederaciones no constituyó necesariamente un sistema formal de controles y contrapesos. Sí demostró la existencia de contrapesos políticos capaces de elevar los costes de una decisión hasta volverla inviable.
UEFA aportó el peso económico y deportivo de sus federaciones. Concacaf cuestionó el procedimiento desde una de las regiones centrales para la organización del Mundial de 2026. La AFC convirtió el desacuerdo en una oposición intercontinental. Las posiciones más prudentes de CONMEBOL, CAF y OFC tampoco proporcionaron a la presidencia el respaldo público necesario para aislar a sus críticos.
La amenaza de no participar en las competiciones terminó siendo un instrumento de presión más eficaz que cualquier declaración institucional.
Una lección sobre gobernanza global
Sería prematuro interpretar este episodio como el final del liderazgo de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA continúa siendo una figura con importantes apoyos entre las asociaciones nacionales y mantiene una posición relevante de cara a la elección de 2027.
La crisis, sin embargo, mostró que incluso un liderazgo consolidado puede encontrar límites cuando intenta impulsar una transformación estructural sin un proceso previo de consultas suficientemente amplio.
La estabilidad de una organización de alcance global depende de sus normas, sus recursos y sus autoridades formales. También depende de la confianza entre sus integrantes, de la legitimidad de los procedimientos y de la percepción de que las decisiones centrales se adoptan con una participación adecuada.
FIFA Forward Enterprise buscaba fortalecer financieramente a la FIFA. Su retirada terminó revelando los límites políticos de su conducción.
La presidencia conserva una amplia capacidad para fijar la agenda, pero las reformas que afectan la estructura comercial y la distribución del poder dentro de la organización requieren consultas creíbles y una coalición suficientemente amplia entre quienes deberán implementarlas.
Sobre el autor
Gonzalo Otárola es bachiller en Relaciones Internacionales, con interés en geopolítica, cooperación internacional y transformaciones del sistema internacional contemporáneo.
Nota editorial: las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Internacionalizarse.
