Nota editorial: Este artículo es un texto de análisis y opinión. Cuando se abordan investigaciones en curso, denuncias de injerencia o hipótesis sobre actores estatales, se distingue entre hechos acreditados, acusaciones públicas e interpretaciones del autor.
El pasado jueves 30 de julio se produjo en la ciudad autónoma española de Ceuta una entrada territorial masiva desde Marruecos. Lejos de una operación militar convencional, decenas de miles de personas corrientes y desarmadas cruzaron o intentaron cruzar la frontera en una crisis que volvió a recordar lo ocurrido en 2021.
¿Por qué volvería a producirse una crisis de esta magnitud después de cinco años y tras la decisión de España de respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental? La pregunta vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto la migración puede convertirse en un instrumento de presión entre Estados. Distintos medios, perfiles en redes sociales, analistas militares y actores políticos de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos han vinculado además el episodio con el deterioro de las relaciones de Madrid con Washington y Tel Aviv, así como con el reciente acercamiento entre España y Argelia. Son hipótesis que requieren distinguir con cuidado entre hechos comprobados, indicios y especulación política.

Imagen de la invasión de Ceuta el 30 de julio de 2026 por parte de miles de personas engañadas y usadas como carne de cañón por parte de Marruecos, al igual que ocurrió en la Marcha Verde en 1975.
FOTO: El Faro de Ceuta
A continuación, analizaremos una serie de episodios recientes de presión política, desinformación e injerencia denunciada en distintos países. El recorrido parte de las acusaciones formuladas por Gustavo Petro tras las elecciones colombianas de junio de 2026 y conecta casos de Eslovenia, Honduras, Brasil, Argentina y España. La comparación con antecedentes como el Plan Cóndor o la Operación Gladio funciona aquí como una referencia histórica, no como una equivalencia directa entre aquellos dispositivos y las prácticas actuales.

Tuit de Gustavo Petro acusando a EE. UU. y a Israel de intervenir en las elecciones de Colombia del pasado junio.
FOTO: X (Twitter)
LA CONEXIÓN DE COLOMBIA CON ESLOVENIA
La noche del 21 de junio, al calor de los primeros resultados electorales que daban la victoria al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, el aún presidente Gustavo Petro afirmó que las elecciones habían sido manipuladas para beneficiar a su rival. Tras una acusación de semejante gravedad, la reacción general fue pedir calma y apelar a la confianza en el proceso electoral.
Respecto al sistema de votación, no quedó lugar a dudas: las misiones de observación de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otros organismos, confirmaron que no había sufrido alteraciones. Sin embargo, estas mismas organizaciones sí denunciaron que, si bien dentro del sistema informático no hubo problemas, en el exterior se libró una auténtica guerra en redes sociales y plataformas de comunicación para minar la confianza del electorado mediante fotos y audios manipulados. Asimismo, señalaron la existencia de “puntos ciegos” complejos de desactivar a la hora de ejercer el voto, como la compra de sufragios, las coacciones o la presencia de grupos armados en varias regiones de la geografía colombiana.
En resumen: las misiones llegaron a la conclusión de que el sistema electoral no había sido alterado, pero que la sociedad colombiana sí pudo haber sido manipulada mediante desinformación y presiones. Es aquí donde la denuncia de Petro sobre un “fraude electoral” se vuelve interesante. El exmandatario señaló directamente a Estados Unidos e Israel como responsables de dicha injerencia y dio el nombre de una empresa israelí de software: Black Cube, integrada principalmente por exmilitares vinculados a la inteligencia. Y es precisamente esta pista la que nos transporta desde Sudamérica hasta el viejo continente; concretamente, al país de Luka Dončić: Eslovenia.

Noticia del periódico español “El País” relatando la acusación del expresidente Gustavo Petro contra Black Cube y EE. UU. de injerencia electoral.
El 22 de marzo de 2026 se celebraron elecciones legislativas en Eslovenia para renovar los 90 escaños de su Asamblea Nacional. Los principales contendientes eran el ecologista y centrista Robert Golob —bastante crítico con la política exterior estadounidense y con las operaciones militares israelíes en Gaza— y el ultraconservador trumpista Janez Janša. Definir a Janša como “trumpista” no es una exageración: en las elecciones de 2020 llegó a felicitar a Donald Trump por su reelección cuando ni siquiera se había completado el escrutinio.
Semanas antes de los comicios, comenzaron a circular audios y videos de origen desconocido. Estos archivos vinculaban a personas cercanas al gobierno de Golob con actos de corrupción, lo que acabó empañando su gestión a pesar de los desmentidos oficiales.
Fue entonces cuando una investigación periodística de la revista progresista Mladina sacó a la luz que, en diciembre de 2025, Janša se había reunido en secreto con la cúpula de Black Cube. Entre los ejecutivos presentes se encontraba Giora Eiland, exmayor general de las FDI, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel y actual asesor de la firma.
El ejecutivo esloveno, a través de la ministra de Exteriores, Tanja Fajon, y la presidenta de la República, Nataša Pirc Musar, denunció una campaña contra la democracia y calificó el episodio como un ataque directo a la soberanía nacional. El caso llegó a las más altas instancias del Estado y fue asumido por el Servicio de Inteligencia Esloveno (SOVA), cuyo director, Joško Kadivnik, concluyó que Black Cube había ejecutado operaciones de contrainteligencia e injerencia extranjera.

Titular del portal de noticias “Swissinfo” hablando de la denuncia del ex-gobierno esloveno contra Black Cube.
FOTO: SwissInfo.com

Noticia de Euronews de la interferencia de Black Cube en las elecciones eslovenas del pasado marzo.
Hoy, la investigación sigue su curso en manos de la policía, la fiscalía, el tribunal constitucional y los servicios de inteligencia. Pero el mundo avanza más rápido que la justicia: en las elecciones del 22 de marzo, el partido de Golob (Movimiento Libertad) obtuvo la primera minoría con 29 escaños de 90, pero Janša logró 28, lo que le permitió armar una coalición parlamentaria y ser elegido (de nuevo) primer ministro en mayo de 2026.
Nada más asumir el cargo, Janša anunció la restitución total de relaciones con Israel, medida confirmada por la cancillería israelí, que anunció por medio de su ministro de Exteriores (Gideon Saar) la apertura de una embajada permanente en Liubliana. La imagen del traspaso de poder no pudo ser más explícita: la bandera palestina pasó de ondear en todas las sedes de gobierno a ondear solo en la sede de la Presidencia de la República. Habrá que ver cómo se desarrolla la cohabitación en Liubliana entre una presidenta pro-palestina con poderes arbitrales y un ejecutivo abiertamente pro-israelí.

Imagen del Jerusalem Post confirmando la apertura de una embajada permanente en Liubliana (Eslovenia) tras el cambio de gobierno.
En Colombia, a diferencia de Eslovenia, las campañas sucias con deepfakes y herramientas de guerra cognitiva para manipular al electorado no son ninguna novedad, por lo que resulta difícil determinar con exactitud el alcance del papel jugado presuntamente por Washington y Tel Aviv.
Dicho esto, desde una perspectiva política e histórica pueden identificarse incentivos para que Washington y Tel Aviv prefieran en Colombia un gobierno más alineado con sus posiciones regionales. Eso, por sí solo, no demuestra una intervención electoral ni permite atribuir causalidad sin evidencia adicional.
Como muestra de esta alineación, bastan las primeras decisiones del nuevo gobierno colombiano: el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio marroquí —en consonancia con la postura de Washington— y el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí (postura que solo sostienen Israel y EE. UU.). Por último, “El Tigre” ha anunciado el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, mientras liquida decenas de sedes diplomáticas en el exterior, entre ellas la de Argelia, rival histórico de Marruecos.

Imagen de una noticia de ElRadarAntioquia sobre el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, junto al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, que confirma el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí.
CONEXIÓN HONDURAS
Dejamos Colombia, pero no Iberoamérica para desplazarnos a Honduras, donde las elecciones del 30 de noviembre de 2025 estuvieron atravesadas por una fuerte presión externa.
Al igual que en Colombia, Honduras venía de un gobierno de izquierdas encabezado por Xiomara Castro. Sin embargo, a diferencia de experiencias pasadas, Castro adoptó una postura más pragmática e impulsó una política internacional de multialineamiento orientada a dar mayor peso regional al país. Este pragmatismo se consolidó en marzo de 2023, cuando estableció relaciones diplomáticas plenas con Pekín y dejó de reconocer a Taiwán como la “verdadera” China.

Imagen de la expresidenta hondureña Xiomara Castro con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
Tras los comicios, se escucharon acusaciones de fraude desde casi todas las candidaturas. Finalmente, el triunfo fue para Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional de Honduras (conservador), quien superó el 40 % de los votos. Le siguieron el liberal Salvador Nasralla, con un 39,54 %, y la candidata del partido de gobierno (Libre), Rixi Moncada, que no alcanzó el 20 %. Al establecer el sistema constitucional hondureño una elección por mayoría simple —sin figura de segunda vuelta—, Asfura se proclamó presidente electo.

Nasry “Tito” Asfura (presidente de la República de Honduras para el periodo de 2026-2030)
Tanto el Partido Liberal de Nasralla como Libre denunciaron irregularidades. Sin embargo, las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea concluyeron que, pese a ciertos retrasos y errores burocráticos, los comicios se desarrollaron dentro de la legalidad.
¿Qué pruebas había realmente de un fraude? Las misiones de observación no concluyeron que hubiera existido un pucherazo. Sí hubo, en cambio, una intervención política explícita de Donald Trump en favor de Nasry Asfura y amenazas de consecuencias para Honduras si el resultado no favorecía a su candidato preferido. La distinción es importante: presión externa e irregularidad electoral no son necesariamente lo mismo.

Noticia del medio alemán DW que recoge la condena del Congreso Nacional de Honduras a la injerencia hecha por la Administración Trump en las pasadas elecciones.
Pero lo más rocambolesco estaba por llegar. En diciembre de 2025, la administración Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 y condenado en Nueva York en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico. Tan solo 18 meses después de su condena —y un mes antes de secuestrar a Nicolás Maduro bajo acusaciones similares—, la Casa Blanca perdonaba a un exmandatario con vínculos probados con el crimen organizado.

Imagen de la detención del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, previa a su extradición a EE. UU. en 2022.
La historia no terminó ahí. Entre diciembre de 2025 y la primera mitad de 2026, el medio español Canal Red sacó a la luz una serie de grabaciones del propio Hernández conversando con destacadas figuras políticas hondureñas, entre ellas el actual presidente Nasry Asfura. En estos audios —bautizados como “HondurasGate” y accesibles en redes sociales e internet—, el expresidente alude a oficinas del Partido Republicano de EE. UU. dedicadas a la interferencia electoral y el desgaste psicológico contra candidatos de izquierda en Iberoamérica, como la mexicana Claudia Sheinbaum o el propio Gustavo Petro en Colombia.
En el material filtrado se escuchan también graves declaraciones donde Hernández aboga por ejercer la máxima represión para mantener el control del poder y desatar violencia directa contra los pueblos de la región, para luego culpar a la izquierda usando los altavoces de la administración estadounidense.

Imagen del medio digital colombiano, Pilas.Com, en la que se recopilan algunas de las declaraciones más oscuras y tenebrosas del expresidente hondureño sacadas a la luz por el medio español Diario Red.
Por último, en las grabaciones irrumpe el Estado de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien según Hernández habría presionado a Trump para lograr su indulto. El nombre del Estado hebreo también aparece vinculado al espionaje electrónico de opositores mediante software de inteligencia, un modus operandi que conecta lo ocurrido en Honduras directamente con los episodios registrados en Eslovenia el pasado marzo y en Colombia en junio.
BRASIL, LULA Y EL SISTEMA PIX
Lula da Silva, presidente de Brasil, ha respondido con firmeza a las amenazas arancelarias y a las presiones políticas de la Administración Trump.
En junio de 2025, la Administración Trump activó una guerra comercial contra Brasil motivada por sus vínculos comerciales con China, el auge de la plataforma PIX y el proceso judicial en torno a su discípulo, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, proceso en el que se investigaron planes de magnicidio contra el propio Lula.
La firmeza de la justicia brasileña, que llegó a bloquear perfiles en redes sociales estadounidenses como X (antigua Twitter), enfadó a la Administración Trump, que acusó a las autoridades del país sudamericano de persecución política. Los EE. UU. amenazaron con imponer aranceles de entre el 40 % y el 50 % a los productos brasileños si no daban un giro de 180 grados a sus políticas.
Sin embargo, las autoridades brasileñas hicieron todo lo contrario: mantuvieron la calma, analizaron las cifras y recordaron a Washington que los aranceles serían recíprocos. Asimismo, remarcaron que tierras raras clave como el niobio —fundamental para la industria aeroespacial y médica— son abundantes en Brasilia. Desde la capital brasileña también se enfatizó que el tablero geopolítico ha cambiado en los últimos 25 años y que todo aquello que EE. UU. no quisiese comprar, sería vendido a China, la Unión Europea o la ASEAN. De hecho, durante ese periodo de tensión comercial, Brasil firmó ventajosos acuerdos con Malasia e Indonesia.
La situación se relajó en octubre de 2025 en Kuala Lumpur (Malasia), durante la cumbre de la ASEAN, donde ambos países acudieron como invitados y sus presidentes mantuvieron una reunión pública. El encuentro permitió rebajar temporalmente la tensión bilateral.

Imagen de la reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Kuala Lumpur durante la 47.ª cumbre de la ASEAN. Imagen: BBC.COM
No obstante, la Administración estadounidense volvió a la carga en febrero de 2026 acusando al Gobierno brasileño de incumplir lo acordado en Kuala Lumpur. Washington terminó imponiendo un arancel del 25 % que entró en vigor en julio de 2026 ante la falta de avances que satisficieran sus exigencias. Por su parte, Brasil aplicó su ley de reciprocidad económica e impuso los mismos aranceles a los productos estadounidenses.
La firmeza de Brasilia no solo se ha manifestado en el plano económico. Se ha sabido que el Gobierno denegó visados a diplomáticos del Departamento de Estado de los EE. UU. que pretendían acudir al país para monitorizar el proceso electoral. Esto fue tachado por el Ejecutivo brasileño como una injerencia inaceptable. Como respuesta, Trump revocó el visado a la embajadora brasileña, lo que elevó la tensión y desembocó en una prolongada conversación telefónica entre ambos líderes.
Pero si hay un elemento que inquieta a Washington, es PIX. Esta plataforma de pago, similar a Bizum en España, permite realizar transacciones inmediatas las 24 horas del día sin necesidad de intermediarios tradicionales como las estadounidenses VISA o Mastercard.

imagen: LT7.COM
Lanzada en 2020 por el Banco Central de Brasil, su popularidad se ha consolidado exponencialmente: cerca del 80 % de la población la utiliza a diario y numerosas pymes optan por este sistema gratuito. Esta dinámica compromete el negocio de gigantes financieros como VISA o Mastercard, que han dejado de percibir millones en comisiones. Según datos del propio Banco Central, el sistema ha llegado a registrar más de 300 millones de operaciones en un solo día. Aunque no existe una cifra exacta, se estima que las pérdidas para las emisoras de tarjetas estadounidenses oscilan entre los 2.000 y 2.500 millones de dólares desde el inicio de operaciones de PIX, lo que dibuja un panorama complejo a largo plazo para estas compañías.

Imagen de PIX en un móvil, como se puede ver hay varias similitudes a aplicaciones de pago electrónico como Bizum (España), MB WAY (Portugal) Revolut (Europa) o MobilePay (Dinamarca y Finlandia).
Como contraofensiva, el Gobierno estadounidense se ha reunido con los hijos de Bolsonaro en la Casa Blanca, ha incluido en listas de organizaciones terroristas a grupos señalados por el entorno del expresidente (véase Comando Vermelho) y diversos congresistas republicanos han cargado contra Lula en redes sociales. En algunos casos, se han difundido composiciones gráficas que alteraban imágenes del arresto de Nicolás Maduro sustituyendo su rostro por el de Lula junto a una botella de cachaça.
La batalla propagandística se intensifica de cara a los comicios, observándose presencia estadounidense e israelí en la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado y aspirante a la presidencia. Se perfila como el principal rival de Lula, y sus explícitos alineamientos con Trump e Israel evidencian una clara consonancia política. Dado que Lula ha mantenido una postura muy crítica con las acciones militares israelíes en Gaza y con la situación del pueblo palestino, la salida del líder del PT del Ejecutivo responde a intereses compartidos por ambas administraciones.

Trump reunido en el despacho Oval con Flavio Bolsonaro, candidato derechista brasileño que aspira a derrotar a Lula da Silva en las elecciones de octubre.
Más allá de interpretaciones políticas, los canales oficiales del Gobierno estadounidense reflejan esta orientación. El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, difundió en la red social X un vídeo institucional donde se reivindicaba la vigencia de la Doctrina Monroe y se afirmaba que esta “jamás volvería a ser cuestionada”.

Imagen de un tuit de la cuenta oficial del Departamento de Estado de EE. UU. del 11 de agosto de 2026 en la cual se expone la historia de la “Doctrina Monroe” y el retorno de esta a la política exterior estadounidense.
NO LLORES POR MÍ, ARGENTINA
Al igual que Brasil, en octubre del próximo año 2027 Argentina decidirá en las urnas si continúa por el camino de corte libertario iniciado por Javier Milei en 2023, si regresa al kirchnerismo de la mano de Axel Kicillof o si opta por una tercera vía, representada entre otros por el expresidente Mauricio Macri.
Los sondeos de opinión publicados por medios como Clarín y El País, así como por consultoras como QSocial Analytics, muestran diversos escenarios, pero coinciden en un punto clave: Milei y Kicillof se encuentran en un virtual empate técnico. En un contexto de elevada polarización, no se descarta un desenlace similar al de Colombia, donde la contienda electoral se definió por un margen inferior al 1 %.
Desde la asunción de Milei en 2023, el alineamiento estratégico de Argentina con EE. UU. e Israel se ha consolidado. Washington ha buscado asegurar el acceso a recursos estratégicos a través de su influencia en organismos internacionales como el FMI, la autorización para la adquisición de cazas F-16 daneses y la facilitación de inversiones en litio y en los yacimientos de Vaca Muerta. Por su parte, Tel Aviv ha cerrado importantes acuerdos en tecnología hídrica y agrícola, además de fortalecer la cooperación en ciberseguridad. En este contexto, ambas capitales muestran un marcado interés en la continuidad de Milei por un segundo mandato. Durante las elecciones legislativas de medio término en 2025, la Administración Trump aseguró que la asistencia económica de EE. UU. a Argentina estaría condicionada a la permanencia de la actual orientación política en la Casa Rosada al igual que pasó en Honduras.
¿LA DEMOCRACIA ARGENTINA EN RIESGO?
En paralelo al renovado énfasis de EE. UU. en su política regional, la escena política argentina ha registrado la visita del inversor y “tecnoligarca” Peter Thiel, quien sostuvo encuentros con el presidente Milei para abordar temas de negocios y coyuntura política.

Imagen de Peter Thiel reunido en la Casa Rosada con el presidente argentino Javier Milei. FOTO: El Confidencial
Thiel es cofundador de Palantir Technologies, firma especializada en análisis de datos y software militar que mantiene contratos de gran envergadura en el sector de defensa global. La compañía ha sido objeto de escrutinio internacional por el uso de sus plataformas en operaciones militares en la Franja de Gaza, acciones que han recibido severas críticas por parte de organismos multilaterales y de las Naciones Unidas.

Imagen de Peter Thiel y el CEO de Palantir Technologies, Alex Karp, con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.
Conocida por sus posturas críticas hacia las democracias liberales tradicionales y su respaldo al ala más conservadora del Partido Republicano, la influencia de Thiel en la política estadounidense se refleja en figuras de su entorno, como el vicepresidente J. D. Vance, quien trabajó en sus firmas de inversión. Por estos factores, la evolución del escenario preelectoral de cara a los comicios de 2027 se mantiene bajo rigurosa observación internacional.
OTROS CASOS PREOCUPANTES DE INTERVENCIONISMO
1. Entre el 17 y el 18 de abril de 2026, Barcelona acogió una cumbre progresista global orientada a abordar el impacto de la desinformación en redes sociales y la defensa de las instituciones democráticas, encuentro que contó con la participación de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva o Pedro Sánchez. Sin embargo, la cita estuvo marcada por la controversia tras la asistencia de la delegación de República Dominicana, encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero.
Dicha presencia generó el malestar de la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Leah Campos, quien acusó al Ejecutivo dominicano de pretender «silenciar y censurar» voces disidentes bajo el pretexto de combatir las noticias falsas. Ante las presiones, la Cancillería dominicana aclaró que no se había suscrito ningún compromiso vinculante durante la cumbre y optó por no llamar a consultas a la diplomática estadounidense, evitando así escalar la tensión hacia una crisis diplomática formal.

Imagen de la historia de Instagram de la embajadora estadounidense criticando la presencia del gobierno dominicano en la cumbre progresista de Barcelona.
Este episodio muestra una forma de presión diplomática estadounidense sobre decisiones internas de otro Estado. La comparación con otras potencias puede ser útil como marco analítico, siempre que no se confundan contextos, capacidades ni mecanismos de intervención diferentes.
2. En los últimos días se ha dado a conocer que el consultor político y propagandista argentino Fernando Cerimedo —cofundador, junto al comunicador español Javier Negre, del portal La Derecha Diario— fue detenido en Bolivia, acusado de contratar a dos sicarios para atentar contra la vida de su exesposa, Nadia Beller, tras confirmarse su estado de gestación. Beller sobrevivió a tres impactos de bala frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra y declaró posteriormente haber salvado la vida al fingir su deceso para evitar ser rematada.
La aprehensión de Cerimedo se produjo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Durante el registro practicado por la Policía Boliviana en su domicilio de La Paz, las autoridades descubrieron una infraestructura técnica descrita como una «granja de bots» —perfiles automatizados en redes sociales orientados a amplificar narrativas específicas, alterar los algoritmos de las plataformas y posicionar determinados temas en el debate público—.

Noticia de RTVE donde se analiza el ascenso y caída de Fernando Cerimedo y sus conexiones políticas.
De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación, entre ellos la cadena pública española RTVE, el empleo de estas redes automatizadas constituye una práctica extendida en plataformas políticas orientadas a la polarización ideológica. Asimismo, informaciones periodísticas señalan que la red atribuida a Cerimedo podría mantener vínculos con estructuras del Partido Republicano estadounidense —en la línea de las señaladas por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández— y con dinámicas de diplomacia pública e influencia vinculadas a Israel, enfocadas en redefinir la narrativa en buscadores, plataformas de inteligencia artificial y redes sociales respecto a sus operaciones militares en Gaza y el Líbano.
LA CRISIS EN CEUTA Y EL ESCENARIO GEOPOLÍTICO
El 30 de julio de 2026, una entrada masiva de personas —estimada por el Gobierno de España de forma escalonada en 10.000, 50.000 y finalmente 80.000 migrantes— irrumpió en la ciudad autónoma de Ceuta sin que la Gendarmería Real Marroquí interviniera para impedirlo. Por el contrario, las autoridades del país vecino mostraron una actitud pasiva e incluso facilitaron en varios puntos el traslado de los asaltantes hacia el perímetro fronterizo para cruzar a nado. El episodio coincidió con la celebración de la Fiesta del Trono, jornada en la que se conmemoraban los 27 años de la llegada al trono de Mohamed VI.
Esta crisis, en la que se empleó a civiles movilizados mediante convocatorias en redes sociales, evocó los acontecimientos vividos en la misma plaza en 2021, así como los antecedentes históricos de la Marcha Verde en 1975 sobre el Sáhara Occidental.
La respuesta institucional ante el suceso expuso serias divergencias. El Ejecutivo español evitó calificar el episodio de “invasión” y eludió emitir severas críticas formales hacia Rabat. Aunque la mayoría de los adultos que accedieron irregularmente —entre los que se identificó a presuntos agentes de inteligencia marroquíes— fueron devueltos en las jornadas posteriores, cientos de personas, incluidos numerosos menores, permanecen en la ciudad en una situación jurídica inestable.
Por su parte, la respuesta de la Unión Europea no estuvo exenta de tensiones internas: Gobiernos como los de Italia y Dinamarca llegaron a plantear la suspensión provisional de España del espacio Schengen. Con el paso de los días, la tensión remitió y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Madrid y a Rabat por la gestión del conflicto. Sin embargo, la disparidad de criterio causó malestar en la opinión pública española, contrastando la firmeza europea en el flanco oriental frente a las presiones de Rusia con la tibia respuesta en la frontera sur, o el desalineamiento de Dinamarca pese al respaldo diplomático prestado por España cuando la Administración estadounidense sugirió pretensiones sobre Groenlandia.
El trasfondo de esta contención diplomática reside en la condición de Marruecos como aliado estratégico de los EE. UU., vínculo histórico que se remonta a 1777 —cuando el Sultanato fue el primer Estado en reconocer la independencia estadounidense— y que se consolidó en la Guerra Fría y tras los Acuerdos de Abraham en 2020. Esta alianza de primer orden para Washington explica las reticencias de varios socios comunitarios a aplicar contra Rabat medidas punitivas equiparables a las impuestas a países como Rusia o Bielorrusia.

Días antes del ataque a la frontera española, el régimen marroquí nombró con el nombre del presidente estadounidense Donald Trump una autopista que conecta Marruecos con el territorio ocupado del Sáhara Occidental.
FOTO: CircuitoOnda (Instagram)
Analistas e internautas señalaron asimismo las presiones previas recibidas por España. A comienzos de julio de 2026, Donald Trump amenazó al país por no alcanzar el objetivo del 5 % del PIB en gasto de defensa dentro de la OTAN, por restringir el uso de las bases de Rota y Morón en el contexto del conflicto con Irán y por su marcada posición propalestina, advirtiendo de que “Los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto , pronto aprenderán”. En una línea afirmativa similar, en abril de 2026 el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que España “pagaría un precio muy alto”.
Estas advertencias se materializaron en el plano diplomático cuando el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, instó a España a retirarse de sus “posesiones coloniales” en el norte de África. En el ámbito parlamentario estadounidense, el congresista republicano Thomas Massie acusó de hipocresía a su propia administración al desvelar que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes había redactado un borrador definiendo a Ceuta y Melilla como “territorio marroquí administrado por España”. Poco después, el congresista Mario Díaz-Balart —vinculado a sectores conservadores e influyentes grupos de presión proisraelíes— exigió en redes sociales la cesión de dichos territorios.
Desde una perspectiva geopolítica, a la Administración estadounidense le resulta funcional un escenario de fricción controlada en la frontera sur de la UE. Mientras que en el flanco oriental y en el Ártico existe consenso en la UE, las diferencias sobre Ceuta y Melilla representan un elemento de presión utilizable ante discrepancias políticas con Bruselas. Asimismo, la inestabilidad en el Estrecho de Gibraltar permitiría a Washington justificar una mayor presencia militar y asegurar el control de las rutas marítimas frente al avance comercial chino.
Algunos medios españoles y comentaristas han relacionado la crisis de Ceuta con las tensiones previas entre España, Estados Unidos e Israel. Hasta ahora, sin embargo, esa hipótesis no puede presentarse como un hecho probado. Los informes conocidos sí han abierto interrogantes sobre la actuación de fuerzas marroquíes durante la entrada masiva, pero no acreditan por sí mismos una operación diseñada desde Washington o Tel Aviv.
¿SÁNCHEZ ACABADO?
En el plano interno español, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez afronta una compleja coyuntura marcada por investigaciones judiciales a antiguos colaboradores, tensiones económicas y las secuelas de la crisis migratoria. Pese a que los sondeos muestran una tendencia favorable a la coalición formada por el Partido Popular y Vox, la capacidad de resiliencia política del presidente mantiene abierto el escenario electoral.
El distanciamiento diplomático con EE. UU. se evidenció también en mayo, cuando el embajador estadounidense en Madrid, Benjamin León Jr., criticó abiertamente la postura exterior española y exigió el cumplimiento del compromiso de gasto en defensa.
En el ámbito político, generó controversia la agenda de contactos del diplomático estadounidense, orientada hacia los principales líderes de la oposición: Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) e Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid). El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, acusó a EE. UU. de injerencia en la política nacional y atribuyó los encuentros a una maniobra de desestabilización. La ausencia de reuniones con otros mandatarios autonómicos del PP —como Alfonso Rueda en Galicia, en vísperas del Año Santo Xacobeo 2027; María Guardiola en Extremadura, donde la firma estadounidense Diamond Foundry proyecta inversiones en diamantes sintéticos; o Juan Francisco Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana, tras la compra por el grupo chino Geely del 34% de la planta de Ford en Almussafes— refuerza la idea manifestada por Santiago.

Imagen del embajador de EE. UU. en España, Benjamin León jr; reunido con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, el 19 de mayo de 2026; con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 21 de mayo de 2026, y con el líder de Vox, Santiago Abascal, el 22 de mayo de 2026.
Paralelamente, se ha constatado un incremento en la actividad de grupos de presión proisraelíes en España, entre los que destaca ACOM, organización de marcado perfil ultraconservador. En especial destaca su presencia en el partido de ultraderecha VOX. Antiguos dirigentes de Vox, como el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, han señalado la influencia ejercida por este lobby sobre la dirección del partido y sobre su presidente, Santiago Abascal. Por su parte, la exconcejala madrileña Carla Toscano atribuyó su expulsión de la formación a sus críticas públicas hacia la situación de las comunidades cristianas en la región, asegurando que el grupo de presión tuvo conocimiento previo de la medida disciplinaria.
A pesar de lo vivido en Ceuta, llama la atención que ni el PP ni VOX hayan tenido ni una mala palabra contra el Rey de Marruecos. El propio Feijóo llegó a decir que su primer viaje si es presidente será a Marruecos y que no hay ninguna explicación que pedir a Mohamed VI. Por parte de VOX ha sido famosa la reacción del eurodiputado Hermann Tertsch que ha pedido por medio de X (antiguo Twitter) un acuerdo con Marruecos que reconozca su soberanía sobre el Sáhara Occidental a cambio de renunciar a Ceuta y Melilla, cosa que ha demostrado repetidas veces no funcionar con el régimen de Marruecos.
Por último, en el terreno judicial, la imputación en mayo de 2026 del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra incluyó entre sus elementos probatorios el volcado del teléfono del empresario Rodolfo Reyes. Dicha información, obtenida por las autoridades estadounidenses en 2021, fue remitida a la justicia española en marzo de 2026, hecho interpretado en círculos diplomáticos como una señal de advertencia de Washington hacia posturas divergentes en política exterior.

Noticia sobre la relación de EE. UU. con la imputación del expresidente Zapatero.
¿VUELVEN LAS OPERACIONES DE INFLUENCIA, AHORA EN DIGITAL?
Entre mayo y junio de 2026, una investigación realizada por los diarios Libération (Francia) y Haaretz (Israel), y más adelante por la agencia de ciberseguridad francesa Viginum, hizo públicos diversos informes en los que acusaba a la empresa de software israelí BlackCore (no Black Cube) de injerencia electoral en las municipales francesas del año anterior. En especial, las campañas de desinformación iban dirigidas contra políticos de La Francia Insumisa (partido de izquierdas) y también contra otros candidatos pro-palestinos. Cabe recordar que Francia, junto con el Reino Unido y Canadá, reconoció al Estado palestino en septiembre de 2025, una decisión que no ha sido bien recibida por el Ejecutivo israelí.
La investigación en cuestión también destapó injerencias de esta misma empresa en las elecciones de Escocia de junio de 2026 y en las de Nueva York. Asimismo, según medios como France 24, también podría haber casos de injerencia en países africanos como Togo y Angola.
¿LA INFRAESTRUCTURA EUROPEA EN PELIGRO?
El 20 de julio de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió en Argel con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, y con su Ejecutivo al completo. Este encuentro selló la paz definitiva tras la crisis diplomática abierta en 2022 debido al cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental. Esta reconciliación, sumada a la firme postura de España en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha permitido que Argelia recupere el estatus de mayor socio energético de España, superando a EE. UU.

El presidente español, Pedro Sánchez y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune celebran en Argel el 20 julio de 2026 la victoria de España en el mundial de fútbol con una tarta.
FOTO: ElMundo
Según los datos de Enagás correspondientes al periodo entre enero y julio de 2026, Argelia suministró más de 74.000 GWh de gas a España —un 94% a través del gasoducto Medgaz—, lo que equivale a casi el 35% del total importado por el país.

Imagen de los gasoductos entre Argelia y España. Mientras que el MedGaz trabaja a pleno rendimiento el gasoducto Magreb que pasa por Marruecos está cerrado desde octubre de 2021 debido a las malas relaciones políticas entre Rabat y Argel.
Este cambio de liderazgo se ha producido en detrimento de Estados Unidos, que en 2022 llegó a situarse como el primer proveedor de gas a España. Actualmente, la nación norteamericana aporta algo más del 27% del gas consumido (cerca de 59.000 GWh). A diferencia del gas estadounidense —que llega en forma de gas natural licuado (GNL)—, el suministro argelino llega mayoritariamente por vía terrestre a través de gasoductos, lo que reduce considerablemente sus costes logísticos.

Una curiosidad relacionada con la crisis energética en Europa es que España posee el 43% de la capacidad regasificadora de toda la UE, ya que cuenta con seis grandes plantas regasificadoras distribuidas por toda su geografía.
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Este protagonismo argelino no se limita a España: Italia también recibe entre el 35% y el 36% de su gas desde Argelia. De este modo, el país norteafricano se afianza frente a Marruecos como un hub energético estratégico, tanto en el mercado gasístico actual como en el desarrollo futuro del hidrógeno verde y las energías renovables a gran escala.
FANTASMAS DEL NORD STREAM
La posición geoestratégica de Argelia en el norte de África y su histórica rivalidad con Marruecos no pasan desapercibidas. Otro país africano está ganando también protagonismo energético para Europa debido a sus reservas de petróleo y GNL, Nigeria. Desde hace años se proyecta conectar sus vastas reservas de gas con Europa mediante un gran gasoducto transahariano. Lo llamativo es que, aunque lo más lógico sería trazarlo a través de Níger y Argelia, los planes impulsados por Estados Unidos y otros inversores apuestan por hacerlo pasar por Marruecos, reforzando así el protagonismo de Rabat.

Imagen del gasoducto transahariano que podría unir Nigeria con Europa. El gasoducto en cuestión tendría más de 4.000 km de longitud y el proyecto estaría valorado en 12.000 millones de euros.
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Por otra parte, Marruecos buscaría sustituir a Argelia como hub energético y ser la puerta del gas nigeriano a África por medio de un proyecto más largo, complejo y caro que consistiría en salvar la convulsa región del Sahel pero pasando por territorios ocupados o que Marruecos no considera países como es el caso del Sáhara Occidental o Mauritania.
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Ante este tablero, el rol energético de Argelia en Europa levanta sospechas y lecturas críticas. Se han hecho célebres las palabras de Antonio Turiel, científico del CSIC, durante una entrevista en el canal del creador de contenido “Rubén Hood” junto al diputado valenciano Juan Bordera. Al analizar el poder energético argelino, Turiel afirmó sin ambages que al gasoducto Medgaz —que conecta Argelia directamente con España— “se le está poniendo cara de Nord Stream”.

Imagen del Nord Stream y dónde sufrió el sabotaje en septiembre de 2022.
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El Nord Stream, la infraestructura que unía Rusia con Alemania a través del Báltico, quedó inutilizado tras el sabotaje de septiembre de 2022. Las investigaciones han señalado a sospechosos concretos y a un posible comando pro-ucraniano, pero el caso sigue alimentando controversias sobre autorías, apoyos y responsabilidades. Tras las explosiones, el entonces eurodiputado polaco y actual ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, publicó un tuit —posteriormente borrado— que decía escuetamente: “Thank you, USA” (“Gracias, Estados Unidos”).

Tuit de Radek Sikorski celebrando la explosión del Nord Stream.
Foto: X (TWITTER)
Las suspicacias en torno al caso volvieron a primer plano en septiembre de 2025, cuando el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, para hablar sobre Europa y su dependencia energética. Al abordar la voladura del gasoducto y la posible implicación estadounidense, Bessent zanjó el asunto entre risas afirmando que “alguien lo hizo”.
En el caso de Argelia, los antecedentes políticos tampoco pasan desapercibidos. Ya en 2022, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio —por entonces senador—, pidió sanciones contra Argelia por sus vínculos con Rusia. En un contexto de competencia energética, la vulnerabilidad de infraestructuras como Medgaz merece atención estratégica, aunque no exista evidencia pública que permita anticipar un sabotaje comparable al del Nord Stream.
HAMÁS, HEZBOLLAH, IRÁN…Y AHORA TURQUÍA
La deriva belicista y expansionista de Israel se ha topado con un muro dentro de la OTAN: Turquía. Desde hace meses hemos visto cómo la narrativa israelí ha pasado de centrarse exclusivamente en Irán y sus milicias a poner la diana en Ankara. De hecho, uno de los excolaboradores de la órbita de Donald Trump, Joe Kent —exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE. UU.—, llegó a afirmar que Washington saldría de la OTAN para ayudar a Israel en una eventual guerra contra Turquía llegado el momento.
El discurso antiturco empieza a abrirse paso también en la UE, donde políticos ultraderechistas como el neerlandés Geert Wilders ya hacen lobby en redes sociales para exigir la expulsión de Turquía de la Alianza Atlántica. Una mecha que puede prender rápidamente si Israel obliga a los socios a posicionarse, impulsada por la culpa histórica de países como Alemania, República Checa y los países de Europa del Este.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. A pesar de las acusaciones de genocidio contra Israel, Alemania es el 2.º mayor proveedor de armas de Israel, solo superado por EE. UU. FOTO: Euronews
La coyuntura actual muestra que las grandes potencias siguen recurriendo a instrumentos de presión, influencia política, coerción económica, inteligencia y disputa informativa para defender sus intereses. Las formas cambian y los contextos también; por eso, establecer conexiones entre episodios exige separar con claridad los hechos documentados de las hipótesis.
Los casos aquí reunidos permiten observar una tendencia que merece seguimiento: la creciente importancia de la presión política y económica, la desinformación y las operaciones de influencia en la competencia internacional contemporánea.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Internacionalizarse.