Nota editorial: Las interpretaciones, caracterizaciones y valoraciones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de Internacionalizarse.
La invasión sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no solo dejó en evidencia al Gobierno de España y a la Unión Europea por su tibia respuesta ante lo que el autor interpreta como un ataque híbrido perpetrado por un actor externo como Marruecos. La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto que la verdadera unidad europea es todavía una utopía muy lejana. Sin embargo, lo realmente preocupante ha sido la reacción de países como Italia, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que tardaron apenas unas horas en reclamar medidas contra España dentro del espacio Schengen tras haber sido víctima de esta agresión, impulsados por el temor a la llegada masiva de migrantes.
A continuación, veremos que el miedo de estos socios europeos responde principalmente a una lógica electoralista que se ha impuesto por encima de un asunto tan grave como es la violación de la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea.
A este fenómeno lo llamaremos el «Efecto Ceuta».
DINAMARCA
Sorprende que Dinamarca, con un Gobierno encabezado por los socialdemócratas al igual que España, haya sido uno de los primeros países en respaldar la posibilidad de adoptar medidas contra nuestro país dentro del espacio Schengen. ¿Por qué un Estado considerado durante décadas un referente para la socialdemocracia europea se alinearía con las posturas antiinmigración defendidas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni?
La respuesta tiene que ver más con la mentalidad y el pragmatismo daneses que con las etiquetas políticas tradicionales.
Dinamarca cuenta desde hace décadas con un sistema de bienestar envidiable a nivel mundial, lo que la ha convertido en un destino muy atractivo para vivir.
Sin embargo, a partir de 2015, Europa comenzó a sufrir una crisis migratoria impulsada por numerosos conflictos en Oriente Medio y el norte de África, con Siria como principal origen de los refugiados. Ante el volumen de llegadas, Dinamarca decidió actuar de una manera estrictamente fría y económica, bajo una premisa implícita: el Estado de bienestar danés es generoso, pero sus recursos no son ilimitados.
Imagen de una manifestación en Copenhague contra la deportación de refugiados sirios en noviembre de 2021. El lema del cartel se traduce como «Siria no es segura». Foto: CNN.
Desde entonces, ya sea bajo administraciones socialdemócratas, liberales o conservadoras, el país ha aprobado leyes en materia migratoria sumamente polémicas, tradicionalmente asociadas a posiciones de derecha radical. Un ejemplo claro ocurrió en 2016, cuando el Folketing —Parlamento danés— aprobó una ley que autorizaba a la policía a confiscar determinados objetos de valor y efectivo por encima de un límite establecido a los solicitantes de asilo para contribuir a sufragar el coste de su estancia mientras se tramitaba su expediente.
No obstante, la propuesta más extrema llegó a finales de 2018 de la mano del Gobierno liberal-conservador: el proyecto de la isla de Lindholm. La idea consistía en convertir este islote de 0,07 km² en un centro para extranjeros condenados o considerados peligrosos que no podían ser expulsados a sus países de origen. El plan contemplaba un servicio de transbordadores limitado, transformando el lugar en una suerte de espacio aislado del resto de la sociedad.
Imagen de la isla de Lindholm desde el aire. Foto: La Sexta.
Aquella iniciativa quedó archivada después de que Mette Frederiksen asumiera el poder en 2019 al frente del Partido Socialdemócrata. Lo llamativo, sin embargo, es que el proyecto no desapareció únicamente por las críticas humanitarias que había suscitado, sino también por sus costes y dificultades prácticas. Al haber sido utilizada la isla como centro de investigación de enfermedades animales contagiosas, su acondicionamiento implicaba importantes costes.
A partir de entonces, Copenhague apostó también por la externalización de la política de asilo, explorando la posibilidad de enviar a solicitantes a terceros países fuera de la Unión Europea.
Es por esta razón que Dinamarca prefirió alinearse con la postura de Giorgia Meloni antes que priorizar la solidaridad con España durante la crisis de Ceuta: un cálculo frío que la propia Frederiksen tal vez termine recordando la próxima vez que Estados Unidos —bajo la figura de un líder como Donald Trump— vuelva a poner sus ojos sobre Groenlandia.
FINLANDIA
Otro de los gobiernos que apoyaron la posibilidad de adoptar medidas contra España dentro del espacio Schengen fue el de Finlandia, a través de su ministra del Interior, Mari Rantanen, perteneciente al Partido de los Finlandeses. Según su criterio, España había fracasado en el control de sus propias fronteras y ponía en riesgo al resto de los países de la Unión Europea.
Publicación de la ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, reclamando medidas contra España dentro del espacio Schengen. Foto: X.
Este conato de crisis diplomática tuvo que ser apaciguado por el propio primer ministro, Petteri Orpo, quien afirmó en la red social X que «España no está sola» y recordó que la defensa de las fronteras comunes constituye un compromiso compartido.
Al mismo tiempo, numerosos usuarios en redes sociales no tardaron en afear la actitud de la ministra recordándole el compromiso adquirido por España en la cumbre de la OTAN celebrada el pasado mes de julio en Ankara para reforzar la presencia aliada en Finlandia y contribuir a la seguridad de su frontera con Rusia.
Publicación del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, desmarcándose de las declaraciones de Mari Rantanen y defendiendo la solidaridad con España. Foto: X.
Pero ¿por qué Rantanen reaccionó de este modo contra España? ¿Por qué poner en duda la solidaridad entre socios europeos?
La respuesta más directa es el electoralismo.
Tras los comicios de 2023, el Ejecutivo finlandés quedó conformado por una coalición de centro-derecha y derecha integrada por el Partido Coalición Nacional —conservador—, el Partido de los Finlandeses, el Partido Popular Sueco —representante tradicional de la minoría de habla sueca— y los Demócratas Cristianos.
Sin embargo, la situación económica del país se ha deteriorado: la ruptura de buena parte de los vínculos económicos y energéticos con Rusia, las tensiones generadas por la guerra en Ucrania y la situación de seguridad en la frontera, el encarecimiento de determinados suministros y las políticas de ajuste han aumentado la presión sobre la economía finlandesa.
En julio de 2026, la tendencia de la tasa de desempleo se situó en el 10,5%, un nivel que habría resultado difícil de imaginar para Finlandia hace apenas unos años.
Con vistas a las elecciones previstas para abril de 2027, las encuestas sitúan al Partido Socialdemócrata en cabeza. Por su parte, la Coalición Nacional del primer ministro ha perdido terreno, mientras que el Partido de los Finlandeses también se encuentra por debajo del resultado obtenido en 2023.
Todo ello permite interpretar las declaraciones de Rantanen contra España como parte de una estrategia cortoplacista ante un escenario electoral cada vez más competitivo, utilizando cuestiones tan sensibles como la inmigración, la confianza entre socios comunitarios y la protección de las fronteras exteriores de la Unión.
SUECIA
Entre nórdicos anda el juego.
De Finlandia saltamos a Suecia, donde su entonces primer ministro, Ulf Kristersson, no dejó pasar la oportunidad de exigir al Gobierno español una actuación contundente ante la crisis migratoria de Ceuta, poniendo como advertencia el precedente de su propio país tras la crisis de 2015.
Publicación del entonces primer ministro sueco, Ulf Kristersson, sobre la crisis de Ceuta. Foto: X.
Durante años, Suecia había mantenido una política migratoria sumamente generosa. Sin embargo, tras recibir a más de 160.000 solicitantes de asilo en 2015, la situación se complicó de manera notable debido, entre otros factores, a las dificultades de integración.
Muchos recién llegados tropezaron con barreras idiomáticas y con las dificultades propias de la adaptación a un sistema educativo y laboral muy diferente al de sus países de origen. La presión sobre los servicios públicos y el debate sobre la integración modificaron profundamente la discusión política sueca sobre inmigración.
Con el tiempo, problemas de segregación residencial y exclusión social coincidieron con el crecimiento de la violencia vinculada a redes criminales, fenómenos cuya relación causal continúa siendo objeto de un intenso debate político y académico en Suecia.
Titular de RTVE de noviembre de 2015 sobre la situación migratoria que atravesaba Suecia. Foto: RTVE.es.
Tras las elecciones legislativas de 2022, los socialdemócratas perdieron el poder en favor de una coalición de centroderecha integrada por el Partido Moderado, los Demócratas Cristianos y los Liberales, sostenida parlamentariamente —por primera vez— por los Demócratas de Suecia, formación nacionalista y fuertemente restrictiva en materia migratoria.
El mensaje publicado por Ulf Kristersson a finales de julio debe entenderse también dentro de un escenario político marcado por una acumulación extraordinaria de crisis desde 2020: la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, el histórico ingreso en la OTAN —que puso fin a más de dos siglos de política de no alineamiento militar—, el incremento del gasto en defensa, la ruptura de vínculos energéticos con Rusia y el encarecimiento del coste de vida.
A estas tensiones se sumaron posteriormente nuevas perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro.
Si la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania ya habían desgastado al anterior Gobierno socialdemócrata, la acumulación de incertidumbres desde 2022 terminó pasando factura también a la coalición de Ulf Kristersson.
El domingo 13 de septiembre de 2026, los suecos acudieron a las urnas. El recuento otorgó 176 escaños al bloque de centroizquierda encabezado por la ex primera ministra Magdalena Andersson frente a los 173 obtenidos por el bloque de Kristersson.
El resultado precipitó la dimisión del primer ministro el 17 de septiembre y abrió un nuevo proceso de formación de Gobierno.
Titular sobre los resultados de las elecciones suecas del 13 de septiembre de 2026.
ITALIA
Y llegamos al plato fuerte: el país que adoptó la postura más contundente contra España desde el estallido de la crisis de Ceuta.
Su reacción fue tan drástica que Italia decidió restablecer temporalmente controles fronterizos selectivos sobre ciudadanos extracomunitarios procedentes de España, tanto por vía aérea como por vía marítima.
Pero, como diría José Mourinho: ¿por qué?
¿Por qué un país mediterráneo, culturalmente cercano a España y que enfrenta desafíos migratorios similares, exige mano dura contra nuestro país por una crisis fronteriza en el norte de África?
La respuesta se resume en una sola palabra: electoralismo.
En 2027 se celebrarán elecciones legislativas en Italia y la competencia entre bloques volverá a ocupar el centro de la política nacional. Por un lado se sitúa el centroizquierda, articulado principalmente alrededor del Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas. Por otro, el centroderecha gobernante, compuesto por Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni; Forza Italia, heredera de buena parte del espacio político construido por Silvio Berlusconi; y la Lega de Matteo Salvini, formación que ha evolucionado desde sus raíces regionalistas y secesionistas en el norte hacia posiciones nacionalistas y fuertemente restrictivas en materia migratoria.
En ese escenario irrumpe nuestro siguiente protagonista: Roberto Vannacci.
Imagen del general y eurodiputado italiano Roberto Vannacci. Foto: El País.
La figura de Vannacci saltó a la primera plana en 2023 tras publicar el libro Il mondo al contrario (El mundo al revés), una obra que generó una enorme controversia en Italia por sus afirmaciones sobre homosexualidad, feminismo, inmigración y raza. La polémica tuvo consecuencias dentro de las Fuerzas Armadas y Vannacci recibió posteriormente una suspensión disciplinaria de once meses.
Pese a ello, en 2024 fue incorporado por Matteo Salvini a las listas de la Lega para las elecciones europeas, donde resultó elegido eurodiputado.
Sus planteamientos políticos se sitúan incluso a la derecha del espacio ocupado por Giorgia Meloni. Defiende políticas de «remigración», cuestiona la gestión migratoria del actual Ejecutivo y ha realizado numerosas declaraciones polémicas sobre el colectivo LGTBI, el feminismo y los roles tradicionales de género.
Su tirón electoral no ha dejado de crecer y, en febrero de 2026, Vannacci abandonó la Lega para fundar su propio partido: Futuro Nazionale.
En septiembre de 2026, diferentes sondeos situaban ya a la nueva formación alrededor del 7%-8% de intención de voto, compitiendo con Forza Italia y superando a la Lega en algunas mediciones.
Esta presión desde la derecha radical choca con las contradicciones internas de la propia Giorgia Meloni.
Aunque Italia afronta desde hace años llegadas irregulares por vía marítima, su economía necesita mano de obra.
En septiembre de 2023, la pequeña isla de Lampedusa —con apenas unos 6.000 habitantes— sufrió una grave crisis humanitaria al recibir a miles de personas en pocos días, saturando los centros de acogida. En aquel momento, Meloni pidió ayuda a la Unión Europea, una circunstancia que sectores de la política española y numerosos usuarios en redes sociales recordaron tras lo ocurrido en Ceuta.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a la entonces presidenta de la Comisión Europea durante una visita a Lampedusa en 2023. Foto: RTVE.
A raíz de la presión migratoria, el Ejecutivo italiano intensificó su estrategia de cooperación y externalización con distintos países africanos. No obstante, al margen de su retórica contra la inmigración irregular, Roma ha mantenido abiertas importantes vías de inmigración laboral legal a través del Decreto Flussi.
El programa aprobado para el período 2026-2028 contempla 497.550 entradas de trabajadores extracomunitarios: 164.850 en 2026, 165.850 en 2027 y 166.850 en 2028.
Las propias autoridades italianas justifican estas cuotas, entre otros motivos, por las necesidades de mano de obra expresadas por el sistema productivo.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones de la política migratoria italiana: mientras el debate político se endurece y la presión electoral empuja hacia posiciones cada vez más restrictivas, la estructura económica y demográfica del país continúa necesitando trabajadores extranjeros.
Esa brecha entre el discurso político y las necesidades materiales de la economía contribuye a alimentar la disputa dentro de la propia derecha italiana y proporciona espacio electoral a figuras como Vannacci.
El caso de Italia constituye, probablemente, la manifestación más clara del «Efecto Ceuta» desarrollado a lo largo de este artículo: la subordinación de cuestiones estratégicas europeas a incentivos políticos domésticos y de corto plazo.
La crisis del pasado julio planteó una cuestión que trasciende ampliamente a España y Marruecos.
Cuando un Estado miembro afronta una crisis en una frontera exterior de la Unión, ¿deben prevalecer la solidaridad y los intereses estratégicos comunes o los cálculos electorales de cada Gobierno?
La respuesta que ofrecieron algunos socios europeos durante la crisis de Ceuta resulta, cuanto menos, inquietante.
Porque una Unión Europea incapaz de distinguir entre los incentivos electorales inmediatos y sus intereses estratégicos de largo plazo corre el riesgo de descubrir sus propias vulnerabilidades precisamente cuando más necesita actuar como un bloque.
