Introducción
Históricamente, la política exterior de Chile se ha destacado por constituirse como una de las pocas políticas verdaderamente de Estado del país (Teruel, 2020), particularmente mediante la definición de intereses nacionales comunes a todos los sectores políticos, el fortalecimiento profesional de los mecanismos de toma de decisiones, la presentación de un frente común ante otros agentes e intereses del escenario internacional, y la priorización del diálogo y los acuerdos por sobre los intereses partidarios o las diferencias ideológicas entre el gobierno de turno y su respectiva oposición.
Sin embargo, la creciente polarización política de la que ha sido víctima el mundo occidental en los últimos años y el profundo debilitamiento de las bases normativas, diplomáticas e institucionales del sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial (Flores, 2026) amenazan con poner en riesgo esta condición de la política exterior de Chile como una política independiente de los vaivenes políticos de los gobiernos.
Concretamente, el auge de las políticas y decisiones basadas en cálculos de poder y la progresiva priorización del hard power (Gómez, 2022) por parte de las principales potencias globales (Estados Unidos, China y Rusia) han debilitado significativamente el orden internacional basado en reglas y sus principios de igualdad entre Estados y no injerencia en asuntos internos, derivando en dinámicas de creciente competencia geopolítica y definición de áreas propias de influencia.
Así, países como Chile se han visto bajo una creciente presión por elegir entre una u otra potencia global, aumentando las tensiones entre los bloques políticos internos y debilitando los espacios de toma de decisiones conjuntas. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en una creciente polarización y politización de las decisiones en política exterior durante los últimos dos gobiernos de Chile, con una serie de eventos y controversias que podrían indicar el inicio de una problemática muy grave y de difícil salida para el país: la pérdida de la condición de la política exterior como una política de Estado permanente y estable.
Desarrollo
Gobierno de Gabriel Boric
Los primeros indicios del aumento de la influencia de factores ideológicos en la toma de decisiones en cuestiones de política exterior pueden observarse desde el año 2022, con las distintas medidas y controversias que se generaron entre la administración del expresidente Gabriel Boric e Israel.
En primer lugar, en septiembre de ese año, el entonces jefe de Estado se negó a recibir en La Moneda al embajador designado por Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien iba a presentar sus cartas credenciales que lo acreditaban como representante de su país (Catena y Fuentes, 2025). Posteriormente, en octubre del año siguiente, el expresidente decidió llamar a consultas al embajador chileno en Israel, sin nominar posteriormente un reemplazo, y en 2025 retiró a los agregados militares de Chile en la embajada (ibid.), mencionando posteriormente la intención de cortar toda relación de dependencia y comercio con Israel en cuestiones de seguridad y defensa (Lautaro, 2025).
Estas situaciones generaron profundas y significativas tensiones tanto dentro del oficialismo como con la oposición (Catena y Fuentes, 2025; Mellado, 2023), cuyos sectores criticaron la falta de procesos de diálogo y consulta con respecto a las decisiones tomadas, la aparente base ideológica que fundamentó las decisiones y la falta de consideraciones técnicas sobre las relaciones exteriores del país, tanto en lo referido a la imagen país y los principios de la política exterior chilena como en los posibles efectos negativos sobre las relaciones bilaterales con países como Estados Unidos.
El segundo caso de controversia en el que sería posible observar una continuación del fenómeno de mayor influencia de intereses particulares de un sector político y sus preferencias ideológicas por sobre intereses nacionales definidos transversalmente es el nombramiento de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata de Chile para la Secretaría General de las Naciones Unidas.
En septiembre de 2025, durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el expresidente Gabriel Boric anunció en pleno discurso que la República de Chile presentaría como su candidata a la Secretaría General del organismo a la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encontraba en la misma sala como parte de la comitiva diplomática del país (Carrasco, 2025).
Las críticas de la oposición no tardaron en resaltar un factor preocupante de la decisión: no se habían desarrollado procesos de consulta con todos los sectores políticos fuera del círculo inmediato del presidente, lo cual debilitaba la candidatura al no ser de iniciativa nacional, sino meramente de un sector del oficialismo. Al respecto, la propia vocera de Gobierno reconoció que «no todos los sectores [de la oposición] fueron consultados» (González, 2025) antes del anuncio de la candidatura.
La misma crítica surgió cuando, en febrero de 2026, se realizó una ceremonia en La Moneda en la que el Gobierno de Chile presentó oficialmente la candidatura de la expresidenta, en conjunto con los gobiernos de Brasil y México (Carrillo, 2026a). Esto también fue criticado por la oposición como un «intento de amarre de decisiones» frente a la derrota electoral de diciembre de 2025, que resultó en la victoria de la oposición y la actual presidencia de José Antonio Kast (Silva, 2026). La controversia derivó en que, en marzo de 2026, el gobierno de Kast retiró formalmente el apoyo del Gobierno de Chile a la candidatura de Bachelet (Villaseñor, 2026).
Gobierno de José Antonio Kast
Con la llegada del nuevo gobierno del actual presidente Kast a La Moneda, han surgido nuevas controversias con respecto a la toma de decisiones en cuestiones de política exterior, las cuales han profundizado su politización y el debilitamiento de la imagen país.
El caso más controvertido y que más tensiones ha generado es el de la adhesión del actual gobierno al llamado «Escudo de las Américas», una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos que declara promover las relaciones interamericanas para fortalecer el desarrollo económico y mejorar la respuesta conjunta de los países contra el crimen organizado (Departamento de Estado, 2026).
La controversia se dio desde los inicios de la relación entre el gobierno de Kast y la iniciativa: a comienzos de marzo de 2026, antes de que José Antonio Kast asumiera formalmente como presidente de la República, asistió al primer encuentro del Escudo de las Américas en Miami, donde se reunió con figuras importantes como Trump, Rubio, líderes políticos y empresarios. También realizó declaraciones en las que criticaba al gobierno saliente por las tensiones provocadas por el caso del cable submarino y las rondas de traspaso de información en materias de política exterior (Izquierdo, 2026).
Poco después, en septiembre de 2026, el Gobierno de Chile formalizó su adhesión a la iniciativa durante la gira presidencial a Estados Unidos por la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, resaltando los beneficios en materia de capacitación e intercambio de información entre las fuerzas de orden y seguridad de los países participantes, y reafirmando la defensa de la soberanía nacional y el respeto irrestricto a las obligaciones legales nacionales e internacionales en cuanto a la aplicación de las disposiciones del acuerdo (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2026).
Esta adhesión ha generado diversas críticas por parte de varios sectores del mundo político y diplomático. Por ejemplo, los excancilleres Heraldo Muñoz (Lobos, 2026) y Mariano Fernández (Carrillo, 2026b) expresaron su preocupación por las presiones de Estados Unidos para unirse a la iniciativa y la falta de procesos de consulta interna por parte del actual gobierno antes de definir una posición país.
Si bien estas críticas pueden entenderse como propias del desarrollo de la política exterior y de las legítimas discusiones que se dan dentro de los procesos de toma de decisiones, el alcance de los cuestionamientos al manejo de la política exterior del actual gobierno ha sido de carácter más profundo y extenso que lo anteriormente observado desde el retorno a la democracia. Esto se ilustra más claramente con la interpelación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso al actual canciller Francisco Pérez Mackenna (Thompson, 2026), la primera a un ministro de esta cartera en la historia del instrumento.
De la misma manera, la adhesión al Escudo de las Américas ha generado otro ejemplo particularmente relevante de la crisis que atraviesa la política exterior de Chile: una carta escrita por los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet (2026), en la que criticaron la decisión del actual gobierno del presidente Kast de unirse a la iniciativa estadounidense.
En dicha carta, ambos expresidentes expresaron su preocupación por el supuesto riesgo que implican los términos del acuerdo para la soberanía nacional y la subordinación de los intereses de Chile a las determinaciones de potencias extranjeras, evidenciado en aspectos como la utilización del concepto de «soberanía continental» (párr. 3, 2026) o la posible implicancia de que Chile estaría «escogiendo un bando» (párr. 4, 2026) en la competencia geopolítica actual.
Esta instancia de expresión tan abierta de contraposición y crítica a las decisiones del gobierno de turno por parte de expresidentes no tiene símil en la historia reciente de Chile y ha profundizado la división entre la actual oposición y el oficialismo con respecto a las decisiones y posturas de uno y otro, dificultando la búsqueda de acuerdos y la promoción de intereses transversales.
Lamentablemente, el Escudo de las Américas no ha sido el único caso en el que se ha visto reflejada la creciente influencia de las políticas partidarias en la política exterior. Según un relevamiento publicado en junio de 2026, de los 29 embajadores nombrados hasta entonces por el actual gobierno, un 62 % correspondía a designaciones políticas, es decir, embajadores que no formaban parte de la carrera diplomática activa bajo los criterios utilizados por dicho relevamiento (Monrroy y Palacios, 2026).
Estos nombramientos se alejarían del conocido «acuerdo republicano», un criterio no escrito que busca mantener en un 80/20 la proporción de embajadores de carrera y embajadores de confianza política. Esto ha generado preocupación en sectores como la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA), por el riesgo que implica para el profesionalismo y la estabilidad de la política exterior nacional (Morales, 2026).
Conclusión
A partir de los casos de coyuntura y las crisis recién mencionadas, se podría percibir el futuro de la política exterior chilena como un escenario sombrío, destinado a seguir transformándose en un espacio más de contención política entre bloques ideológicos cada vez más distantes y antagónicos.
Sin embargo, es necesario destacar que la tradición de la política exterior se ha construido a lo largo de décadas de trabajo de muchos hombres y mujeres, tanto en la capital como en el exterior, que buscan promover y fortalecer una política de Estado orientada a la defensa de los intereses nacionales del país y que permita el desarrollo de líneas de acción de largo plazo.
Aun así, es menester que se promuevan activamente decisiones y medidas para proteger la política exterior chilena, fortaleciendo al Servicio Exterior como una herramienta central en las estructuras político-institucionales relevantes del país, aprovechando y consolidando espacios como el Consejo de Política Exterior o el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales.
Si no, bien podría ser este el inicio de la crónica que cuenta la anunciada muerte de una política de Estado.
Nota editorial
Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de Internacionalizarse. Su publicación forma parte del compromiso del medio con la difusión de diferentes perspectivas y el debate sobre los asuntos internacionales.
