Foto: Joan Mateu Parra (ACN)
La huelga del sector educativo en Catalunya debe leerse como un episodio de conflictividad laboral con base estructural, no como un hecho coyuntural. El paro y los cortes en accesos estratégicos a Barcelona constituyen un mecanismo de visibilización y aumento de costos públicos, orientado a forzar la reanudación de negociación en un contexto de expectativas frustradas. En términos de dinámica del conflicto, cuando reclamos sostenidos —en especial los vinculados a salarios y condiciones de trabajo— no encuentran respuestas verificables dentro del horizonte temporal que los actores consideran razonable, la protesta tiende a escalar desde lo institucional hacia formas de presión de alto impacto urbano.
El diagnóstico que sostiene la movilización combina dos dimensiones. La primera es distributiva: el profesorado afirma una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2009, situada en torno al 20–25% según fuentes sectoriales. Esta erosión salarial opera como variable explicativa directa de malestar y como indicador de desalineación entre responsabilidad profesional, costo de vida y remuneración relativa en comparación interterritorial.
La segunda dimensión es funcional-operativa: el sistema escolar enfrenta una complejización progresiva del entorno social y del perfil del alumnado, mientras que la dotación de personal, los apoyos especializados y la infraestructura no habrían sido ajustados con la misma intensidad. En este plano, el conflicto no se reduce al volumen de recursos, sino a su capacidad de traducirse en condiciones efectivas de trabajo pedagógico: cobertura ágil de bajas, disponibilidad sostenida de personal de apoyo, coordinación con servicios externos y estabilidad de equipos en centros de mayor complejidad.
Un punto central del debate es la implementación de la educación inclusiva. La inclusión, entendida como escolarización en centros ordinarios con apoyos suficientes, requiere un umbral mínimo de recursos humanos y técnicos para evitar que la política quede subejecutada. Parte del profesorado sostiene que el modelo se ha expandido normativamente sin acompañamiento operativo proporcional. La consecuencia, en términos organizacionales, es el desplazamiento de costos hacia el aula: aumento de carga docente, mayor interrupción de dinámicas de aprendizaje y deterioro de la capacidad de atención individual, especialmente en contextos de ratios elevados (cantidad de alumnos por aula).
A estas tensiones se agregan transformaciones que incrementan la demanda de intervención educativa. En el debate público circulan datos sobre incrementos significativos en diagnósticos vinculados a necesidades específicas (incluido el espectro autista) y sobre el aumento del alumnado con lenguas maternas distintas del catalán y el castellano, con impactos sobre acompañamiento lingüístico y emocional. Independientemente de la precisión de cada cifra, el punto analítico relevante es la tendencia: mayor heterogeneidad de trayectorias y necesidades, con requerimientos de apoyo que exceden el formato tradicional de aula sin refuerzos estables.
La dimensión institucional también importa. Al tratarse de una competencia transferida, el conflicto se expresa principalmente en el marco autonómico: la Generalitat administra la política educativa y la estructura retributiva asociada. Sin embargo, la atribución de responsabilidades tiende a fragmentarse por la arquitectura multinivel y por la acumulación de decisiones previas. Esto favorece respuestas parciales y negociaciones condicionadas por restricciones presupuestarias, que pueden resultar insuficientes para recomponer expectativas.
En síntesis, la huelga se explica por la convergencia de una disputa salarial y un problema de capacidad estatal para sostener, en condiciones reales, una política educativa más exigente (por inclusión, diversidad y complejidad social) sin degradación del funcionamiento escolar. La salida depende menos de gestos retóricos que de definiciones fiscal-políticas: prioridades de gasto, secuenciación de medidas y mecanismos verificables de implementación (plantillas, apoyos, ratios, cobertura de bajas y desburocratización). Cuando estas variables quedan abiertas o condicionadas sin plazos, el conflicto tiende a reproducirse con costos crecientes.
