Qué difícil la hacen, a veces, los hacedores de la política.
España atraviesa un nuevo terremoto institucional. Esta vez, el epicentro no está en la derecha, como en 2018, sino en el corazón mismo del PSOE. Una trama de corrupción que comenzó entre mascarillas y barbijos, y terminó salpicando a secretarios, empresarios y hasta al presidente.
Del estado de alarma a la alarma de Estado
La historia comienza en 2020. Con el país paralizado por la pandemia, el gobierno se lanzó a comprar material sanitario con procedimientos de emergencia. Entre ellos, mascarillas, muchas de ellas con precios inflados.
Años después, en 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a atar cabos. Y en junio de 2025, el caso explotó: el número tres del PSOE, Santos Cerdán, aparece involucrado en una red de favores, comisiones y adjudicaciones irregulares.
¿Por qué “Operación Delorme”?
La investigación fue bautizada Operación Delorme, en homenaje a Charles de Lorme, médico francés del siglo XVII que inventó los trajes y mascarillas protectoras contra la peste. El guiño histórico es claro: todo empezó con mascarillas, pero el virus era otro.
Las piezas del rompecabezas
La UCO detectó una red que incluía:
- Sobreprecios en contratos públicos
- Empresas pantalla para lavar dinero
- Adjudicaciones dirigidas a grandes constructoras
Entre las compañías involucradas figuran:
- Acciona
- Obras Públicas y Regadíos (OPR)
- Levantina Ingeniería y Construcción
- Servinabar 2000 SL
¿Quiénes están implicados?
La figura central es Koldo García, exasesor del PSOE, considerado el operador que articulaba los vínculos entre altos cargos y empresas. Su detención arrastró a otros nombres:
- Luis Ábalos, exministro de Transporte y secretario de organización del PSOE, hoy bajo investigación por tráfico de influencias, cohecho y malversación.
- Santos Cerdán, quien reemplazó a Ábalos tras su salida… y ahora también está en la mira.
La pregunta se impone:
¿Fue una maniobra deliberada para preservar el poder dentro del partido, o un caso de continuidad estructural en redes de corrupción protegidas por el aparato político?
Pedro Sánchez, entre la negación y la disculpa
El presidente Pedro Sánchez dijo haberse enterado por la prensa. Se mostró “dolido y decepcionado”, y pidió perdón a la ciudadanía. Pero este giro tiene una carga simbólica fuerte: en 2018, Sánchez había llegado al poder tras una moción de censura contra Mariano Rajoy por corrupción.
Hoy, es su propio partido el que aparece implicado en una trama de proporciones preocupantes.
¿Corrupción con nombre propio… o con raíz estructural?
El problema parece exceder nombres y partidos. Si el PP cayó por Gürtel y el PSOE tambalea por Delorme, quizá la pregunta ya no sea quién roba, sino cómo se estructura el poder en España para permitirlo.
¿Podemos seguir creyendo que los casos de corrupción son episodios aislados?
¿O estamos ante una lógica sistémica en la que el acceso al poder se convierte en acceso a privilegios, contratos y protección?
Un sistema parlamentario en equilibrio inestable
En teoría, Sánchez podría ser destituido mediante una moción de censura. En la práctica, PP y Vox no tienen mayoría suficiente. Pero eso no significa que el gobierno esté a salvo. Su supervivencia depende del apoyo de socios como Sumar, ERC, Bildu o Compromís. Y esos apoyos ya empiezan a tambalear.
El gobierno quedó políticamente expuesto. El margen de maniobra se reduce. La gobernabilidad se resquebraja.
Una investigación que no ha terminado
La mayoría de los periodistas y analistas coinciden: lo que se sabe es solo una parte. La investigación continúa, muchas causas están bajo secreto, y los indicios apuntan a una trama mucho más profunda.
Mientras tanto, la oposición aprovecha para presionar. Algunos actores incluso han vuelto a poner en el centro la denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, archivada por falta de pruebas. La intención parece clara: golpear la legitimidad presidencial por todos los flancos.
El sismo político sigue su curso
La Operación Delorme no es un caso más. Es un espejo incómodo. Y lo que devuelve no es solo el rostro de algunos funcionarios corruptos, sino el de un sistema político incapaz de prevenir, sancionar y depurar sus propias prácticas opacas.
El futuro está abierto. Pero si algo está claro, es que el debate no puede ser solo moral.
Hay que preguntarse qué tipo de instituciones, controles y lógicas de poder permiten que estos mecanismos se repitan una y otra vez, gobierne quien gobierne.
