Aclaración conceptual
La expresión “Doctrina Malvinas” no corresponde a una doctrina académica o jurídica consolidada. En este artículo se utiliza como categoría analítica propuesta por el autor para agrupar casos en los que un gobierno provoca, intensifica o aprovecha un conflicto exterior, una disputa territorial o una amenaza internacional con el objetivo de reforzar su legitimidad interna, desplazar problemas domésticos o generar cohesión patriótica.
El concepto reúne dos mecanismos relacionados, pero distintos: el efecto rally ’round the flag, por el cual una crisis externa aumenta temporalmente el apoyo al gobierno, y la política exterior de distracción, que supone una utilización deliberada del conflicto para modificar la agenda interna. La coincidencia entre una crisis doméstica y una tensión internacional no demuestra por sí sola una estrategia de distracción; cada caso requiere evidencia específica sobre las decisiones, los objetivos y el uso político del conflicto.
El pasado 15 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (EE. UU.) albergó la segunda semifinal del Mundial de Fútbol de 2026. El encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Argentina no solo definía el codiciado billete a la gran final del 19 de julio en Nueva York frente a España, sino que revivía una rivalidad histórica. Para el planeta entero, este nunca será “un partido más”; es el recordatorio de una herida abierta que cicatriza a medias y sangra cada cierto tiempo: el conflicto de las Islas Malvinas (Falklands en inglés).
Aunque la disputa territorial se remonta a 1833, su punto más crítico ocurrió en 1982 con una guerra de 74 días que se cobró la vida de 907 personas (649 argentinos y 258 británicos). Aquel enfrentamiento concluyó con una derrota militar para Argentina, pero no anuló el reclamo soberano de Buenos Aires sobre las islas, un asunto que hoy en día sigue bajo constante debate en el Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Sin embargo, más allá de la disputa territorial, aquella guerra evidenció la puesta en práctica de una conocida estrategia política y psicológica: el efecto “Rally ‘round the flag” (envolverse en la bandera) o la “Guerra de distracción”. Ambos gobiernos utilizaron el fervor patriótico del conflicto bélico para intentar diluir las severas crisis internas y penurias económicas que asfixiaban a sus respectivas naciones.
¿Ha sido el único caso? En absoluto. A continuación, repasamos otros ejemplos históricos de estas dos estrategias y las lecciones que debemos aprender para el futuro si queremos evitar que nos manipulen como sociedad.
ARGENTINA Y LA GUERRA DE LAS MALVINAS
Todo el mundo sabe que el 2 de abril de 1982 Argentina lanzó una operación anfibia para recuperar las Islas Malvinas, bajo ocupación británica desde 1833. Sin embargo, aquella invasión tomó por sorpresa a buena parte de la comunidad internacional. ¿La razón? Buenos Aires y Londres llevaban años inmersos en discretas negociaciones diplomáticas para la transferencia de la soberanía.
Antes del conflicto, la interdependencia económica y el “soft power” argentino en el archipiélago eran absolutos. La aerolínea estatal argentina operaba los únicos vuelos regulares entre las islas y el continente; la energética YPF suministraba el gas y el petróleo que abastecían a las islas; y los propios kelpers (los habitantes del archipiélago) recurrían frecuentemente a hospitales argentinos para tratamientos complejos, mientras sus hijos completaban su educación en colegios bilingües de Argentina.
Al mismo tiempo, el Reino Unido se encontraba sumido en un proceso de descolonización global. Londres deseaba desprenderse de unos vestigios imperiales que le resultaban excesivamente costosos de mantener y que, además, entorpecían sus relaciones comerciales con Iberoamérica. Sobre la mesa de negociación ya se barajaban fórmulas inspiradas en el modelo de Hong Kong: un esquema de leaseback o alquiler a largo plazo que fijaba un “reloj histórico” para la devolución definitiva de las islas a manos argentinas.
Si la situación parecía encaminada a resolverse por la vía pacífica y diplomática, ¿por qué recurrir a las armas? La respuesta es trágica y responde a una pura estrategia de supervivencia de una tiranía acorralada.
Desde 1976, Argentina sufría una dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Este régimen había instaurado un plan sistemático de terrorismo de Estado que dejó miles de desaparecidos, ejecuciones sumarias, centros clandestinos de detención y el robo de bebés. A principios de 1982, el horror de estos crímenes de lesa humanidad ya no se podía ocultar. La presión de los organismos internacionales de derechos humanos arreciaba, las denuncias en el exterior aislaban diplomáticamente al país y, a nivel interno, movimientos valientes como las Madres de Plaza de Mayo desafiaban abiertamente el silencio impuesto por el terror.
A este panorama de horror y exigencia de justicia se sumó el colapso económico. El régimen convirtió al país, junto con el Chile de Pinochet, en uno de los primeros laboratorios donde se experimentó con las teorías neoliberales de la Escuela de Chicago. Aquel modelo —que prometía prosperidad mediante la desregulación total del mercado y la apertura asimétrica de las importaciones— terminó provocando una desindustrialización masiva, una deuda externa asfixiante y una inflación desbocada que destruyó el poder adquisitivo de la población. La crisis económica y la exigencia de libertades civiles catalizaron en masivas protestas sindicales en las calles bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo”.
La Junta Militar, encabezada por el general Leopoldo Galtieri, se vio entre la espada y la pared. Se enfrentaban no solo a la pérdida del poder, sino a la perspectiva real de rendir cuentas ante la justicia y terminar en prisión por sus atroces crímenes si el régimen caía. Necesitaban una victoria urgente y absoluta, un factor unificador tan poderoso que barriera de la agenda pública tanto los reclamos económicos como las demandas por los desaparecidos.
Imagen de Leopoldo F. Galtieri (líder de la Junta Militar Argentina) en abril de 1982 dando su famoso discurso desde el balcón de la Casa Rosada donde soltó su histórica arenga: “¡Si quieren venir, que vengan, que les presentaremos batalla!”. Imagen: TN
Apelando al indiscutible fervor patriótico que la causa de las Malvinas despierta en el pueblo argentino, la dictadura se “envolvió en la bandera” e inició una guerra, convencida de que la recuperación de las islas le otorgaría una legitimidad histórica incuestionable que taparía el rastro de sangre de sus crímenes. La maniobra fracasó estrepitosamente tras 74 días de combates y una dolorosa derrota militar que costó la vida a cientos de jóvenes soldados conscriptos. No obstante, en el plano político interno, el tiro les salió por la culata: la humillación en el Atlántico Sur se convirtió en el último clavo en el ataúd de una Junta Militar en descomposición, acelerando de forma irreversible la caída del régimen y forzando el retorno de la democracia en 1983, lo que finalmente abrió el camino para el histórico juicio a las juntas por sus crímenes de lesa humanidad.
LAS ISLAS MALVINAS/FALKLANDS, EL SALVAVIDAS DE MARGARET THATCHER
Si para la Junta Militar argentina la Guerra de las Malvinas fue el último clavo en su ataúd, para Margaret Thatcher supuso el salvavidas perfecto. El conflicto le permitió moldear su icónica imagen de líder implacable y afianzar un poder que, a principios de 1982, se desmoronaba dentro del Reino Unido.
Thatcher había asumido el cargo en 1979 y, desde el primer minuto —en una sintonía ideológica que hoy defiende el actual presidente de Argentina, Javier Milei—, sacó a relucir la “motosierra”. Su prioridad fue desmantelar el Estado del bienestar mediante un severo tijeretazo a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Todo lo presupuestario era susceptible de ser recortado; incluso eliminó la leche gratuita en las escuelas primarias, lo que le valió el infame apodo callejero de “Thatcher, the milk snatcher” (la ladrona de leche).
Paralelamente, redujo de forma drástica los impuestos a las rentas más altas mientras elevaba la carga fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, duplicando el impuesto al consumo (IVA) del 8% al 15%. Asimismo, aprobó leyes destinadas a neutralizar el poder de los sindicatos y criminalizar las huelgas. Estas medidas sumieron al Reino Unido en un auténtico caos social y económico: entre 1979 y abril de 1982, la producción industrial del país se desplomó un 15%, el desempleo superó la barrera histórica de los 3 millones de personas (más del 11% de la población activa) y las revueltas callejeras se convirtieron en el pan de cada día en ciudades como Londres o Mánchester.
Para finales de 1981, la popularidad de la primera ministra se encontraba bajo mínimos históricos, con una aprobación general que oscilaba entre el 20% y el 25%, llegando las encuestas a dar al Partido Conservador entonces un lamentable 16% de intención de voto. Su carrera política parecía sentenciada y en los pasillos de Westminster se daba por hecho que no sobreviviría en el cargo hasta las elecciones previstas para 1984. Fue en ese preciso instante cuando se produjo la invasión argentina de las Malvinas.
Tras 74 días de conflicto y una victoria militar que al principio parecía lograda contra todo pronóstico, la imagen pública de Thatcher experimentó un repunte de apoyo popular sin precedentes. Si en marzo de 1982 las encuestas apenas la sostenían, la rendición argentina a 12.000 kilómetros de distancia la catapultó como una lideresa inflexible frente a las amenazas externas. Los ciudadanos británicos abrazaron con orgullo el mote burlón que originalmente le habían puesto los soviéticos: la “Dama de Hierro”. Aunque la economía británica seguía debilitada, el Estado del bienestar continuaba marchitándose y la clase obrera no dejaba de perder derechos, la victoria en las Malvinas (Falklands para los británicos) actuó como una droga colectiva que anestesió los problemas domésticos; un fenómeno psicológico muy similar al de un país que olvida sus penurias cuando su equipo de fútbol gana un trofeo importante.
Thatcher demostró una enorme astucia política al capitalizar el efecto “Rally ‘round the flag” (reunirse en torno a la bandera) y el fervor patriótico del electorado. Utilizó este impulso para disolver el Parlamento y adelantar los comicios a junio de 1983, logrando una victoria aplastante al conquistar 397 de los 650 escaños. Durante la campaña, no se limitó a sacar pecho por el éxito bélico, sino que empleó la guerra como un arma arrojadiza contra el Partido Laborista —entonces liderado por el pacifista Michael Foot—, tachándolo de “débil” y asegurando que, bajo un gobierno de izquierda, el país se habría rendido ante la dictadura militar.
Imagen de Margaret Thatcher posando con su marido, Denis Thatcher, tras votar en las elecciones de 1983 que dieron a la “Dama de Hierro” una mayoría aplastante en la Cámara de los Comunes.
FOTO: Associated Press
En el plano propagandístico, la jugada le salió redonda. Aquel triunfo electoral de 1983 no solo la consolidó en Downing Street, sino que blindó su autoridad dentro del Partido Conservador y le dio el cheque en blanco que necesitaba para pisar a fondo el acelerador de su agenda neoliberal. Desde 1983 hasta su dimisión en 1990, la Dama de Hierro continuó erosionando lo público con recortes presupuestarios multimillonarios, recurrió a la estrategia del “divide y vencerás” para fracturar el movimiento obrero e impulsó una campaña masiva de privatizaciones en sectores estratégicos: agua, electricidad, petróleo, gas, aerolíneas y la industria siderúrgica. Si un servicio era público, Thatcher lo quería privatizado.
Sin embargo, tras años de un estilo de gobierno marcadamente autoritario, una creciente desigualdad social, su frontal oposición a la integración en la Comunidad Económica Europea y una nueva oleada de disturbios por el impopular impuesto municipal de la Poll Tax, su propio partido terminó por perderle el miedo. En noviembre de 1990, ante unas encuestas generales totalmente desfavorables, los diputados conservadores forzaron su caída, relevándola de su puesto y encumbrando a su ministro de Economía, John Major, como nuevo primer ministro.
En definitiva, el caso de Margaret Thatcher es la prueba palpable de cómo un líder político, por muy contestado e impopular que sea en su gestión interna, puede ganarse el favor ciego de una sociedad apelando a la cohesión frente a un enemigo externo.
EL “PROCÉS” CATALÁN
Entre 2012 y 2018, España vivió su propio apogeo de la “Doctrina Malvinas” en el marco del conflicto territorial conocido como el Procés. Lejos de ser una crisis puramente identitaria, este choque sirvió como un balón de oxígeno instrumental para las élites políticas a ambos lados del Ebro, necesitadas de una cortina de humo con la que tapar la contestación social por los recortes y los escándalos de corrupción.
El lado catalán: De la motosierra fiscal a la bandera
El embrión del Procés contemporáneo se sitúa en las elecciones autonómicas de noviembre de 2010, cuando el partido nacionalista CiU (Convergència i Unió) regresó al poder. Con la economía arruinada tras la crisis de 2008, el Gobierno de Artur Mas aplicó una receta de austeridad neoliberal tajante. Se ejecutó un tijeretazo superior al 10% en el presupuesto de Sanidad —lo que conllevó el cierre de urgencias nocturnas en numerosos Centros de Atención Primaria (CAP)—, acompañado de recortes en Educación, la supresión de pagas extraordinarias a funcionarios (incluidos los Mossos d’Esquadra) y graves retrasos en el pago de ayudas a la dependencia.
La asfixia social fue de tal calibre que, el 15 de junio de 2011, la plataforma “Aturem el Parlament” —surgida al calor de las acampadas del movimiento indignado 15-M— cercó los accesos a la Cámara autonómica para impedir la aprobación de los presupuestos de la austeridad. La estampa símbolo de aquel divorcio entre la calle y la clase política fue la imagen de Artur Mas y parte de su gabinete llegando y saliendo del Parlament en helicóptero. Pese al bloqueo, los presupuestos salieron adelante gracias a la abstención pactada del Partido Popular. En CiU comprendieron rápidamente que, si mantenían el debate en el eje socioeconómico, la presión popular terminaría por devorarlos.
Artur Mas (Presidente de la Generalitat de Cataluña 2010-2016) y Núria de Gispert (Presidenta del Parlament de Cataluña 2010-2015) llegan al Parlament en helicóptero en junio de 2011 para aprobar sus polémicos presupuestos llenos de recortes sociales. FOTO: La Vanguardia
El punto de inflexión se consumó en septiembre de 2012. Tras reunirse en la Moncloa con Mariano Rajoy y recibir un “NO” a su propuesta de “Pacto Fiscal” (un modelo de financiación propio al estilo del concierto vasco), Mas desempolvó el marco del agravio bajo el célebre eslogan “Espanya ens roba” (España nos roba en catalán). El relato logró desplazar con éxito la responsabilidad de los tijeretazos sociales desde la Generalitat hacia un Estado central al que se acusaba de expoliar los recursos de Cataluña.
Aprovechando la masiva manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2012 —que congregó a cientos de miles de personas bajo el lema de la independencia—, Mas adelantó las elecciones a noviembre. Aunque CiU sufrió un duro desgaste al perder 12 escaños, logró mantenerse en el poder mediante un pacto de gobernabilidad con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En apenas 17 meses, la élite ejecutora de los recortes había logrado reconvertir el malestar social por la austeridad en un amplio consenso soberanista.
Imagen de la manifestación independentista celebrada en Barcelona durante la Diada de Cataluña del año 2012. FOTO: ElNacional.Cat
A partir de ese momento, la política catalana quedó instalada en un bucle de consignas patrióticas, consultas y referéndums sin garantías, fuga masiva de sedes sociales de empresas, boicots comerciales y una declaración unilateral de independencia de apenas 8 segundos de duración. Mientras el foco mediático se centraba en la soberanía, las listas de espera en la sanidad pública continuaban batiendo récords y la inversión social permanecía paralizada.
El lado español: La trinchera patriótica contra la corrupción
En Madrid, al Gobierno de Mariano Rajoy la escalada territorial le vino de perlas. De forma paralela a la Generalitat, el Ejecutivo central aplicaba severos recortes en los servicios públicos estatales mientras aprobaba el rescate bancario con fondos públicos y sacaba adelante una dura reforma laboral.
En enero de 2013, la estabilidad del Partido Popular saltó por los aires con la publicación de los “papeles de Bárcenas”, que acreditaban una contabilidad B sistemática y el cobro de comisiones ilegales a cambio de obra pública dentro de la formación, donde cobró triste celebridad la anotación “M. Rajoy”. A este escándalo se le sumarían con el tiempo macrocausas de corrupción como el caso Gürtel o Púnica.
Imagen de los “papeles de Bárcenas” donde aparecen anotaciones hechas de puño y letra por el tesorero del PP donde pueden leerse nombres como “M. Rajoy” Presidente del Gobierno de 2011 a 2018, “R. Rato” en referencia a Rodrigo Rato ex-Ministro de Economía y Hacienda, banquero y ex-Director del FMI o “M. Cospedal” en referencia a María Dolores de Cospedal, ex-Presidenta de Castilla La Mancha y Ministra de Defensa entre 2016 y 2018. FOTO: ElPaís
Tanto en su etapa de mayoría absoluta como tras su pérdida en 2015, el Gobierno de Rajoy utilizó de manera desmedida el choque con el independentismo catalán como un escudo protector. Al erigirse en el único y firme garante de la unidad de España y de la Constitución, la Moncloa lograba reorientar el debate público: en los telediarios ya no se abría con la financiación ilegal del PP, los sobresueldos o la precariedad laboral, sino con la amenaza separatista y las medidas coercitivas del Estado.
Se acabó la película
El “procés” comenzó a declinar tras la moción de censura de junio de 2018 que apartó al PP del poder e instauró el Gobierno de Pedro Sánchez. Posteriormente, la irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020 puso de manifiesto que las emergencias sanitarias y los problemas materiales no entendían de fronteras ni de discursos identitarios.
Al igual que ocurrió en el plano internacional con procesos fundamentados en promesas vacías como el Brexit, la narrativa del Procés fue perdiendo fuelle de forma paulatina ante una población catalana desengañada y de nuevo concentrada en las urgencias del día a día, la inflación y los servicios públicos.
4º Caso: La crisis de los bloques de hormigón en Gibraltar (verano de 2013)
En julio de 2013, el gobierno de Gibraltar tomó la decisión unilateral de arrojar 74 bloques de hormigón con varillas de hierro salientes al fondo marino de la Bahía de Algeciras. La justificación oficial de las autoridades del Peñón fue que buscaban crear un arrecife artificial para regenerar la fauna marina y proteger los fondos oceánicos.
La realidad material era bien distinta: el Ejecutivo gibraltareño pretendía neutralizar la pesca de arrastre de los armadores artesanales españoles de La Línea y Algeciras en unas aguas cuya soberanía disputan el Reino Unido y España. Ante esta provocación, el Gobierno español respondió contundentemente. Aprovechando que Gibraltar no formaba parte del espacio Schengen, el Ministerio del Interior endureció de forma drástica e intencionada los controles aduaneros en la Verja. La exhaustividad de los registros provocó el colapso fronterizo, con retenciones kilométricas y esperas de hasta ocho horas bajo el sol estival.
La escalada verbal y mediática no tardó en dispararse. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a plantear públicamente la implantación de una tasa de 100 euros (50 de entrada y 50 de salida) para cruzar la frontera y amenazó con cerrar el espacio aéreo español a los vuelos con destino al Peñón. Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, elevó el pulso enviando una flota de guerra de la Royal Navy a hacer escala en Gibraltar en el marco de unas maniobras programadas, exhibiendo músculo militar frente a Madrid.
Portada del diario español ABC el 4 de agosto de 2013 con el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, como protagonista con una foto del peñón de fondo. FOTO: ABC
Sin embargo, lo que parecía un choque fronterizo más entre Madrid y Londres escondía un caso de manual de la “Doctrina Malvinas”. Apenas unos días antes de que estallara la crisis, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, había declarado en sede judicial confirmando que el partido de Mariano Rajoy se había financiado ilegalmente mediante una contabilidad B y el reparto de sobresueldos en metálico. Para colmo, las portadas de la prensa nacional publicaban las filtraciones de los comprometedores SMS que el propio presidente del Gobierno había enviado al extesorero tras salir a la luz el escándalo: “Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos”.
Imagen de los mensajes entre Rajoy y el tesorero de su partido en enero de 2013 cuando el escándalo de los sobresueldos del PP ya había saltado a los medios. FOTO: La Sexta
Gracias al estallido del conflicto en la Verja y al despliegue del fervor patriótico, el Ejecutivo de Rajoy logró cambiar drásticamente la agenda mediática nacional. De la noche a la mañana, los telediarios dejaron de abrir con los sobresueldos y las comparecencias judiciales para volcarse en la defensa de la soberanía española en el Peñón. Finalmente, la tensión fue disminuyendo de forma paulatina a medida que la Unión Europea intervino para supervisar la frontera y el foco político nacional regresaba, de nuevo, a la escalada del Procés en Cataluña.
5º CASO: YOON SUK-YEOL CONTRA LA DEMOCRACIA SURCOREANA
A continuación abordamos el caso más rocambolesco y peligroso en el que se intentó aplicar la «Doctrina Malvinas»: la crisis vivida en Corea del Sur a finales de 2024. Lo perturbador de este episodio es que gran parte de la opinión pública internacional ignoró lo cerca que estuvo el planeta de ser arrastrado a una tercera guerra mundial por las decisiones desesperadas de un mandatario acorralado en todos los frentes.
Un mandato herido de muerte desde el origen
En marzo de 2022, Yoon Suk-yeol —exfiscal general del Estado y candidato del conservador Partido del Poder Popular— alcanzó la presidencia tras imponerse por un margen minúsculo del 0,73 % (apenas 250.000 votos de diferencia) a Lee Jae-myung, líder del progresista Partido Democrático. El Gobierno nació lisiado desde su primer día: la Asamblea Nacional contaba con una holgada mayoría opositora que neutralizó y bloqueó de forma sistemática la agenda legislativa del Ejecutivo.
Para 2023, la parálisis institucional se entrelazó con un profundo malestar social provocado por la inflación y el desorbitado precio de la vivienda. A este escenario de crisis económica se le sumaron graves escándalos personales en el entorno presidencial. La primera dama, Kim Keon-hee, fue grabada aceptando regalos de lujo no declarados (el célebre «escándalo del bolso de Dior»), al tiempo que la justicia reabría las investigaciones sobre su implicación en una trama de manipulación bursátil entre 2009 y 2012 (caso Deutsch Motors).
Con una aprobación popular hundida por debajo del 20 %, la estocada definitiva llegó en las elecciones legislativas de la primavera de 2024. La oposición no solo revalidó su rotunda mayoría, sino que convirtió la Cámara en una trinchera desde la que impulsar comisiones de investigación y leyes de fiscalía especial contra los delitos de la familia presidencial. La presidencia de Yoon estaba, de facto, muerta.
Yoon «Suk-Galtieri»: El chantaje de la seguridad nacional
Ante un horizonte inminente de impeachment y procesamiento penal, Yoon Suk-yeol recurrió a la misma salida desesperada que la Junta Militar argentina en 1982: fabricar una amenaza externa para forzar el reagrupamiento patriótico en torno a su liderazgo.
En el otoño de 2024, con la complicidad de ministros afines en Defensa e Interior y altos mandos de las Fuerzas Armadas, Yoon autorizó operaciones encubiertas con drones militares cargados de propaganda hostil sobre el espacio aéreo de Pyongyang. La estrategia pretendía provocar una respuesta militar por parte del régimen de Kim Jong-un, lo que habría otorgado a Seúl la coartada perfecta para decretar el estado de emergencia y asumir poderes extraordinarios.
Sin embargo, Pyongyang reaccionó con una inusual cautela táctica, limitándose a denunciar las incursiones por los canales propagandísticos habituales. Despojado de su casus belli exterior, Yoon optó por acelerar la maniobra autoritaria en el plano interno: la noche del 3 de diciembre de 2024 compareció por sorpresa para declarar la ley marcial, acusando a la oposición democrática de actuar como una “fuerza antiestatal al servicio del comunismo norcoreano”.
Yoon Suk-Yeol en la noche del 3 de diciembre de 2024 anunció en TV a los surcoreanos que impondrá la “Ley Marcial”. FOTO: Descifrando La Guerra
El colapso del autogolpe y el juicio de la historia
El plan trazado por la cúpula militar exigía tomar e inmovilizar la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores alcanzaran el quórum de 150 votos necesario para anular el decreto. No obstante, la rápida movilización de la sociedad civil y la determinación de los parlamentarios quebraron el cerco. Desafiando el despliegue de helicópteros y comandos paracaidistas, 190 diputados (incluida una facción del propio partido del presidente) se abrieron paso escalando vallas y rompiendo barricadas para votar unánimemente el fin del estado de sitio. Finalmente, Yoon tuvo que aceptar su derrota.
La portavoz del Partido Democrático, Ahn Gwi Ryeong, se enfrenta a un militar armado durante el cerco a la Asamblea Nacional surcoreana tras la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. La valentía de la experiodista enfrentándose directamente al poder militar en defensa de la democracia se convirtió rápidamente en una imagen que dio la vuelta al mundo. FOTO: BBC. COM
La respuesta de las instituciones democráticas fue implacable y no tardó en llegar:
El impeachment (14 de diciembre de 2024): La Asamblea Nacional aprobó la destitución de Yoon con 204 votos a favor de 300, abriendo paso a la confirmación del Tribunal Constitucional y a la celebración de elecciones anticipadas en 2025, que llevaron a la presidencia al progresista Lee Jae-myung.
La condena penal: Tras su destitución, la justicia procesó a Yoon Suk-yeol por rebelión e insurrección contra el orden constitucional, además de cargos de alta traición, abuso de poder y vulneración de la seguridad estatal por la operación de los drones. Los tribunales le impusieron la pena máxima de cadena perpetua, sepultando en prisión al líder que intentó dinamitar la democracia surcoreana para salvar su carrera.
MADURO Y EL ESEQUIBO
En el otoño de 2023, mientras la atención global se centraba con angustia en la escalada en Oriente Medio, en Sudamérica estuvimos al borde de un estallido bélico por un reclamo territorial histórico reactivado por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Se trata de la disputa entre Venezuela y Guyana por la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 km² bajo soberanía guyanesa pero reclamado por Caracas desde su independencia.
Al igual que ocurre con las Malvinas para la Argentina, el Esequibo no responde a un mero delirio expansionista, sino a una profunda herida de soberanía originada en el expansionismo imperial del siglo XIX.
Las raíces históricas de un despojo
Para resolver este reclamo, en 1899 se constituyó un tribunal en la capital francesa que dictó el denominado Laudo Arbitral de París. Esta resolución adjudicó el territorio al Imperio Británico mediante un proceso judicial viciado y nulo de pleno derecho: el tribunal estuvo compuesto por dos árbitros estadounidenses, dos británicos y un ruso, excluyendo por completo a representantes venezolanos. Al igual que en el reparto de África, la principal parte afectada fue despojada de cualquier decisión.
Medio siglo después, en 1949, los temores sobre la parcialidad del juicio se confirmaron al salir a la luz la memoria póstuma de Severo Mallet-Prevost, miembro de la delegación estadounidense. En ella se reveló que Londres y San Petersburgo habían utilizado el Esequibo como moneda de cambio geopolítica para pactar sus áreas de influencia en Asia Central.
Ante estas evidencias, en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela, el Reino Unido y la entonces colonia de Guyana Británica (convertida en República Cooperativa de Guyana en 1970). Allí se reconoció la invalidez del Laudo de 1899 y las partes se comprometieron a buscar una solución práctica y satisfactoria mediante el diálogo diplomático.
La chispa del petróleo
Durante décadas el litigio permaneció congelado en un segundo plano. Sin embargo, en 2015 el escenario cambió drásticamente tras el hallazgo de gigantescos yacimientos petrolíferos por parte de la estadounidense ExxonMobil en aguas del Esequibo. El gobierno de Guyana comenzó a otorgar concesiones unilaterales para la explotación de estos recursos, reavivando de inmediato el conflicto con Caracas. Aunque Venezuela protestó formalmente, la honda crisis interna que atravesaba en ese momento impidió mayores acciones, posponiendo la respuesta hasta finales de 2023.
Imagen del medio France24 que ilustra a la perfección la disputa del Esequibo y los recursos que hacen a ese territorio tan deseado por las partes. FOTO: France24
La maniobra política de 2023
El catalizador interno llegó en el otoño de 2023, cuando las elecciones primarias de la oposición venezolana registraron una participación récord de 2,4 millones de personas y otorgaron a María Corina Machado un abrumador 92% de respaldo. Acorralado por la hiperinflación, el descontento social y una oposición unificada, el gobierno de Maduro recurrió a una estrategia clásica: ENVOLVERSE EN LA BANDERA Y EL DISCURSO NACIONALISTA.
El 3 de diciembre de 2023 se celebró un referéndum consultivo para la creación del estado de “Guyana Esequiba”, otorgar la ciudadanía venezolana a sus habitantes y rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tramitaba el caso desde 2018. La jugada buscaba acorralar a la oposición en una encrucijada estratégica:
Si respaldaba el referéndum, legitimaba la agenda política del gobierno al que acusaban de ser una dictadura.
Si lo rechazaba, quedaba expuesta a ser acusada de “traición a la patria”.
La retórica nacionalista se apoderó de la agenda pública y el despliegue de movimientos militares en la frontera encendió las alarmas de Guyana, Brasil y Estados Unidos.
De la tensión a los tribunales
La escalada armada se contuvo tras la mediación diplomática liderada por Brasil y la CELAC. En la cumbre de San Vicente y las Granadinas, celebrada en diciembre de 2023, Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, firmaron la Declaración de Argyle, en la que ambas naciones se comprometieron formalmente a no recurrir al uso de la fuerza.
Tras la crisis diplomática de aquel periodo y los convulsos acontecimientos posteriores en la región, la disputa ha vuelto al terreno del derecho internacional. Actualmente, el diferendo territorial se encuentra en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde ambas partes formalizaron sus alegatos definitivos. El tribunal mantiene el caso en fase de deliberación a puerta cerrada, a la espera de emitir una sentencia firme e inapelable que dictamine el destino definitivo del Esequibo tras casi dos siglos de controversia.
PUTIN Y EL RETORNO DE CRIMEA
No podía faltar en nuestro análisis el presidente ruso, Vladímir Putin, quien en la primavera de 2014 ejecutó la invasión y anexión de la península de Crimea ante la constatación de que la nueva Ucrania resultante del Euromaidán no estaría alineada con Moscú y viraría hacia Occidente.
Sin embargo, este movimiento no respondió solo a una ambición de proyección geopolítica exterior; se utilizó fundamentalmente como la herramienta definitiva para afianzar el poder interno de Putin en Rusia. Para comprender la gestación de esta maniobra es imprescindible retroceder en el tiempo.
La chispa del descontento: La «Revolución de Nieve» (2011-2012)
Nos situamos en el otoño de 2011. Las elecciones legislativas rusas estaban fijadas para diciembre de ese año y las presidenciales para marzo de 2012. El presidente en el cargo era Dmitri Medvédev y Vladímir Putin ejercía como primer ministro. Dado que la Constitución impedía ocupar la presidencia durante más de dos mandatos consecutivos, Putin había cedido formalmente la candidatura a Medvédev en 2008 para dirigir los hilos del país desde la jefatura de Gobierno.
Tras el mandato de Medvédev, en septiembre de 2011 se anunció la famosa rokirovka (el enroque político): Putin volvería al Kremlin en 2012 e inauguraría un nuevo mandato presidencial ampliado de 4 a 6 años, lo que le garantizaba el poder hasta 2018.
Una parte notable de la sociedad civil percibió este intercambio de puestos como una manipulación institucional. La mecha terminó de prender tras las elecciones legislativas del 4 de diciembre de 2011, en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, obtuvo la mayoría absoluta (238 de los 450 escaños de la Duma) en mitad de denuncias de fraude masivo.
Putin y los siloviki (el estamento de seguridad e inteligencia) asumieron que la jornada electoral transcurriría sin sobresaltos al estilo de la década de 1990. Sin embargo, en 2011 la irrupción de los teléfonos inteligentes y las redes sociales permitió a la ciudadanía documentar e impartir visibilidad pública a las irregularidades: urnas prellenadas antes de la apertura de los colegios, el uso de “autobuses carrusel” para votar múltiples veces con documentación falsa y la expulsión violenta de observadores electorales independientes durante el recuento.
Pocas horas después del anuncio de los resultados, miles de personas salieron a protestar en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades. Su centro neurálgico fue la Plaza Bolótnaya en la capital, dando inicio a las movilizaciones conocidas como la “Revolución de Nieve”. Estas manifestaciones reactivaron en el Kremlin los viejos temores a las “revoluciones de colores” de su entorno (como la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003 o la Revolución Naranja en Ucrania en 2004).
Pese al descontento social —ejemplificado el 4 de febrero de 2012 cuando más de 100.000 personas se manifestaron a −15 °C para exigir elecciones limpias—, Putin fue reelegido en marzo de 2012. El Kremlin interpretó las marchas no como una demanda legítima de libertades, mejoras en las condiciones de vida y rendición de cuentas de una incipiente clase media, sino como una operación de subversión financiada desde Washington para desestabilizar la nación.
El 6 de mayo de 2012, en la víspera de la toma de posesión presidencial, la policía reprimió duramente la concentración de la Plaza Bolótnaya. A partir de ese hito, el régimen aceleró su viraje autoritario mediante la aprobación de restricciones severas al derecho de manifestación, condenas durísimas contra los manifestantes de la Plaza Bolotnaya y la promulgación de la ley de “agentes extranjeros” para asfixiar a las ONG e instituciones independientes.
La crisis ucraniana: Del Euromaidán a la anexión de Crimea
Con la tensión interna aún latente, la inestabilidad se trasladó al entorno estratégico directo de Rusia. Ucrania se disponía a firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que preveía la integración en una zona de libre comercio profunda y comprensiva.
Para Putin, este paso representaba una amenaza crítica: bloqueaba la incorporación de Ucrania a la Unión Económica Euroasiática (el proyecto de integración regional liderado por Moscú junto a Bielorrusia y Kazajistán, que perdía peso geopolítico sin Kiev) y era percibido por el Kremlin como la antesala de una eventual adhesión a la OTAN.
Bajo una fuerte presión económica y diplomática desde Moscú, el presidente ucraniano Viktor Yanukóvich suspendió la firma del acuerdo con Bruselas en noviembre de 2013. La decisión desencadenó el Euromaidán, una ola de protestas masivas en Kiev a favor del acercamiento a Europa. Tras meses de enfrentamientos y una severa represión policial, Yanukóvich huyó a Rusia en febrero de 2014.
Ante el cambio de gobierno en Kiev y la perspectiva de perder su influencia histórica en la región —así como el control de la estratégica base naval de la Flota del Mar Negro en Sebastopol—, el Kremlin ejecutó la toma militar de la península de Crimea. En pocas semanas, la región pasó del control ucraniano a ser incorporada a la Federación de Rusia después de 60 años.
El “Consenso de Crimea”: El rendimiento interno de la maniobra
Esta jugada internacional tuvo un impacto directo en la política interior rusa. De acuerdo con los datos históricos del Centro Levada (Levada-Center), la organización independiente de sondeos más prestigiosa del país:
-En mayo de 2012, tras la oleada de protestas urbanas y la contestación social, el índice de aprobación de Putin había descendido a un suelo de entre el 64% y el 65% (una cifra históricamente baja para los estándares de apoyo que manejaba el Kremlin).
-Tras la anexión de Crimea en marzo de 2014, el repunte del fervor patriótico impulsó la aprobación de Putin por encima del 83% – 88% en los meses posteriores, diluyendo la disidencia interna y consolidando el régimen bajo el denominado “Consenso de Crimea”.
Al igual que Margaret Thatcher, Vladimir Putin salvó su carrera política envolviéndose en la bandera.
Vladimir Putin firma el 18 de marzo de 2014 ante representantes de la República Autónoma de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol la integración de estas en la Federación Rusa tras el colapso del gobierno de Yanukovich en Ucrania. FOTO: Wikipedia
¿DOCTRINA MALVINAS O DOCTRINA MARRUECOS?
Si hay un país que ha utilizado la “Doctrina Malvinas” desde el principio de su historia contemporánea, ese es Marruecos. Desde la recuperación de su plena independencia en 1956, el Reino Alauí ha jugado siempre con esta carta. De hecho, para no centrarse en los derechos civiles ni en el progreso económico de su población, el régimen de Rabat ha afirmado de forma sistemática que el país “no está completo” y que, por lo tanto, antes de debatir sobre derechos y libertades hay que restituir las fronteras históricas de lo que la familia real y las élites marroquíes consideran su territorio legítimo.
Para la élite del Majzen, las fronteras trazadas por España y Francia en la época colonial carecen de validez histórica. En su lugar, defienden la anexión de todo territorio que en algún momento de los últimos siglos estuvo bajo el control de la dinastía alauita o de los sultanatos precedentes. Este concepto irredentista es conocido como el “Gran Marruecos” e incorpora al mapa actual el Sáhara Occidental, la totalidad de Mauritania, amplias zonas del oeste de Argelia, las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y áreas del norte de Malí; una doctrina expansionista que convierte a Marruecos en un vecino sumamente incómodo en todos sus frentes fronterizos.
Imagen del Gran Marruecos y los territorios que reclama la monarquía de este país. Foto: Wikipedia
El Reino de Marruecos recuperó su independencia en 1956 bajo el liderazgo del rey Mohamed V. A su muerte en 1961, fue sucedido por su hijo Hasán II, quien en 1963 intentó aprovechar la debilidad de su vecina Argelia —recién independizada de Francia— para conquistar parte de su territorio en la llamada Guerra de las Arenas. Sin embargo, tras un mes y una semana de combates, la contienda concluyó manteniendo intactas las fronteras anteriores, lo que supuso un durísimo revés para la popularidad inicial del joven monarca.
Para comprender por qué Marruecos abusa de la “Doctrina Malvinas”, es necesario entender que el liderazgo de la familia real tras la descolonización distaba mucho de ser incuestionable. En medio del escenario de la Guerra Fría, con movimientos sindicales y republicanos en pleno auge y con el fantasma de las dictaduras militares recorriendo el mundo árabe, los monarcas alauitas aprendieron que, ante cualquier crisis sociopolítica interna, la mejor estrategia consistía en desplazar el foco hacia una causa patriótica capaz de cohesionar a la sociedad.
Dicho esto, una de las maniobras de rally ‘round the flag más famosas de la historia contemporánea —y la que salvó literalmente a la dinastía— fue la Marcha Verde, con la que Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975.
Imagen de campesinos marroquíes durante la “Marcha Verde” a finales de 1975.
FOTO: El Confidencial
Para contextualizar este movimiento, debemos situarnos a principios de la década de 1970, cuando Hasán II sobrevivió milagrosamente a dos intentos de golpe de Estado militares consecutivos. El primero aconteció en 1971 durante el asalto al Palacio de Skhirat; el segundo tuvo lugar en agosto de 1972, cuando cazas F-5 de la propia Fuerza Aérea marroquí interceptaron y dispararon en pleno vuelo contra el Boeing 727 en el que el rey regresaba de un viaje oficial a Francia. Finalmente el monarca salió indemne de este ataque.
Hasán II era consciente de que necesitaba una victoria inapelable a corto plazo para neutralizar la agitación sindical, desarticular a los partidos de izquierda y, sobre todo, silenciar el ruido de sables dentro de sus propias Fuerzas Armadas. Ese elemento unificador definitivo llegó a finales de 1975. Con el dictador Francisco Franco agonizando en Madrid, el príncipe Juan Carlos más preocupado por garantizar la estabilidad política de la transición española que por la suerte de la provincia saharaui, y contando con el aval estratégico de Estados Unidos y el respaldo financiero de Arabia Saudí, el régimen marroquí lanzó la Marcha Verde.
De este modo, unos 350.000 civiles marroquíes desarmados —portando únicamente el Corán, banderas nacionales y retratos del monarca— cruzaron la frontera escoltados en la retaguardia por 25.000 efectivos militares. España, absorbida por sus propios dilemas políticos internos, cedió la administración del territorio mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid a Marruecos y a Mauritania (país este último que acabaría retirándose en 1979).
Para Hasán II, la operación supuso una victoria de dimensiones bíblicas: afianzó su autoridad absoluta sobre el país y le permitió, hasta el final de su reinado en 1999, ignorar las acuciantes necesidades socioeconómicas de su pueblo. A partir de ese momento, cualquier ciudadano que exigiera libertades públicas o protestara por las condiciones de vida era etiquetado de inmediato como «antipatriota» o acusado de servir a los intereses del Frente Polisario.
El reinado de Hasán II concluyó en 1999 con su fallecimiento, pero su hijo y heredero, Mohamed VI, no tardó en recurrir al mismo manual de supervivencia política. En el verano de 2002, el nuevo monarca celebró su enlace matrimonial por todo lo alto, organizando festejos que costaron millones de euros de la época. Sin embargo, la realidad de la población distaba mucho de ser festiva: el país venía sufriendo una sequía devastadora que arruinó al sector agrícola, mientras el desempleo juvenil superaba el 20 % y miles de jóvenes sin expectativas se jugaban la vida en pateras para cruzar el estrecho de Gibraltar.
Aprovechando la fuerte tensión diplomática que mantenía con Madrid, el gobierno marroquí ordenó en julio de 2002 la ocupación del pequeño islote español de Perejil, un peñasco deshabitado de 0,15 km² situado a escasos metros de la costa africana. La crisis armada duró apenas nueve días, pero dejó de manifiesto que la monarquía alauita estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad regional con tal de blindar el trono.
Durante los últimos veinticinco años, Marruecos se ha consolidado como un socio estratégico imprescindible para España y la Unión Europea en materia de contención del narcotráfico y control migratorio. No obstante, en repetidas ocasiones se ha acusado a Rabat de instrumentalizar los flujos migratorios como herramienta de guerra híbrida para arrancar concesiones políticas a Madrid y Bruselas. El episodio más dramático tuvo lugar en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta en 48 horas ante la absoluta pasividad —y complacencia— de las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona.
Como demuestra la historia reciente del Magreb, la denominada “Doctrina Malvinas” podría rebautizarse perfectamente como “Doctrina Marruecos” o “Doctrina Real Alauí”: la estrategia de ingeniería política que la monarquía de Rabat lleva ejecutando ininterrumpidamente desde 1956 para perpetuarse en el poder a costa de la agitación territorial.
9º CASO: LA CASA BLANCA Y SU OBSESIÓN POR LA DOCTRINA MALVINAS
Al igual que nuestros vecinos marroquíes, las distintas administraciones de Washington han demostrado a lo largo de la historia una marcada tendencia a abusar de la «Doctrina Malvinas» para neutralizar escándalos internos. A continuación, analizamos algunos de los casos más flagrantes en los que la Casa Blanca recurrió a la geopolítica militar como la cortina de humo perfecta.
Richard Nixon, Vietnam y la Navidad de 1972
En medio de la tormenta mediática e institucional desatada por las primeras revelaciones del escándalo Watergate, el presidente Richard Nixon decidió «envolverse en la bandera» durante la Nochebuena de 1972. Apelando a la seguridad nacional y al deber patriótico, ordenó una brutal campaña de ataques aéreos sobre Vietnam del Norte conocida como la Operación Linebacker II (o los “Bombardeos de Navidad”). Durante esos días, el despliegue de fuego sobre Hanói se convirtió en uno de los ataques más masivos y destructivos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desplazando temporalmente del foco público las investigaciones de espionaje político que cercaban al Despacho Oval.
Richard Nixon se despide de la Casa Blanca tras su dimisión tras el escándalo del Watergate el 8 de agosto de 1974. FOTO: Clarín.com
Bill Clinton y la Operación Zorro del Desierto (1998)
En 1998, acorralado por el escándalo de su relación extramatrimonial con la becaria Mónica Lewinsky, Bill Clinton se enfrentaba al fantasma del impeachment (el proceso de destitución presidencial). A escasas horas de que la Cámara de Representantes comenzase a debatir los artículos del juicio político, el presidente ordenó una serie de ataques aéreos masivos contra el Irak de Sadam Husein.
La justificación formal fue la falta de cooperación del régimen de Bagdad con los inspectores de la ONU encargados de verificar el desmantelamiento de su supuesto programa de armas de destrucción masiva. Aquella campaña militar, bautizada como Operación Zorro del Desierto, paralizó temporalmente el debate en el Congreso y le sirvió a Clinton para desviar la atención mediática internacional del caso Lewinsky durante semanas.
Bill Clinton posa con Monika Lewinski. FOTO: WIKIPEDIA
George W. Bush y el 11S: El enemigo exterior supremo
En las elecciones del año 2000, George W. Bush llegó a la presidencia de los Estados Unidos tras un agónico y polémico recuento electoral frente al vicepresidente de Clinton, Al Gore. La victoria de Bush estuvo rodeada de controversia y sombras de ilegitimidad: aunque perdió en el voto popular por más de 500.000 sufragios frente a Gore, se adjudicó la Casa Blanca al lograr 271 compromisarios en el Colegio Electoral (frente a los 266 de Gore) tras un tenso limbo legal de semanas resuelto por el Tribunal Supremo en el estado de Florida.
La legislatura nacía marcada por la debilidad política y el recuerdo de la presidencia de su padre —quien no logró ser reelegido en 1992—. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el escenario por completo. El trágico secuestro de cuatro aviones comerciales y el impacto contra las Torres Gemelas y el Pentágono conmocionaron al mundo. Ante el miedo de la sociedad estadounidense, Bush recurrió al recurso más eficaz del manual: apelar al hiperpatriotismo.
Horas después del ataque, Bush se presentó sobre los escombros de la Zona Cero en Nueva York y, subido a un camión de bomberos con un megáfono en la mano, pronunció la célebre frase: “¡Os escucho! El resto del mundo os escucha. ¡Y la gente que derribó estos edificios nos escuchará a todos pronto!”.
Imagen de George Bush dando su famoso discurso en la zona cero de Nueva York tras los atentados del 11S.
FOTO: Youtube
Aquel trauma colectivo dio vía libre a su administración para lanzar la invasión de Afganistán en 2001 y, posteriormente, la de Irak en 2003. Asimismo, Bush inmortalizó en su discurso del Estado de la Unión el concepto del “Eje del Mal”, una etiqueta geopolítica en la que agrupó a regímenes dispares que únicamente compartían su hostilidad hacia Washington, como Irán, Irak y Corea del Norte.
En el caso norcoreano, el país asiático se encontraba en pleno proceso de normalización diplomática con EE. UU. tras la histórica cumbre intercoreana de Pyongyang en el año 2000. Diversos historiadores coinciden en que la agresiva retórica del «Eje del Mal» rompió los puentes diplomáticos construidos en la era Clinton, precipitando la salida de Pyongyang del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2003. La estrategia del enemigo exterior funcionó: en 2004, a diferencia de su padre, George W. Bush logró la reelección imponiéndose tanto en el Colegio Electoral como en el voto popular al demócrata John Kerry.
George W. Bush saluda a sus fieles tras ganar las elecciones presidenciales de 2004. FOTO: NBC News
Donald Trump, Wag the Dog e Irán
En 1997, el director Barry Levinson estrenó la icónica película Wag the Dog (La cortina de humo), protagonizada por Robert De Niro y Dustin Hoffman. La trama presentaba a un presidente estadounidense acusado de abuso sexual a una menor a solo once días de las elecciones. Para evitar la derrota, un astuto asesor (De Niro) contrataba a un productor de Hollywood (Hoffman) para inventar y televisar una guerra ficticia contra Albania, fabricando escenarios y contratando actores para desviar la atención de los votantes hacia una oleada de patriotismo prefabricado.
Imagen de la película “Wag the Dog”. Foto: Amazon
Más de dos décadas después, la realidad superó a la ficción. Siempre que se ha visto acorralado por el escrutinio judicial o la marea mediática relacionada con sus vínculos con el magnate Jeffrey Epstein, Donald Trump ha encontrado en la tensión con Irán su particular cortina de humo.
A finales de 2019, mientras los medios y los tribunales intensificaban las investigaciones sobre su entorno tras la muerte de Epstein, y con el Congreso iniciando los trámites de un impeachment, las Fuerzas Armadas de EE. UU. ejecutaron a principios de 2020 un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, la figura militar más influyente del régimen iraní. Entre amenazas de venganza de Teherán y titulares globales que advertían de un conflicto a gran escala, Trump logró eclipsar momentáneamente sus escándalos domésticos.
Imagen de Qasam Soleimano, general de la Guardia Revolucionaria Iraní y comandante de la “Fuerza Quds”, una unidad militar de élite encargada de operaciones especiales e inteligencia fuera del territorio iraní. Foto: BBC.com
Años después, la dinámica volvió a repetirse: acorralado nuevamente en la agenda pública tras la desclasificación masiva de los “Archivos de Epstein”, Washington respondió ordenando duros bombardeos contra posiciones iraníes, alcanzando a la máxima jerarquía del régimen y desatando el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circula cerca del 20 % del petróleo mundial.
La imagen que persigue a Donald Trump en la que se le ve sonriente al lado del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein. FOTO: RTVE.Com
La constante es innegable. Desde Nixon hasta la era contemporánea, pasando por Clinton y Bush, la Casa Blanca ha demostrado que la política exterior y la fuerza militar no solo se emplean por razones de geopolítica estratégica, sino también como la herramienta de ingeniería de la atención más poderosa del planeta: la fabricación de un conflicto externo para garantizar la supervivencia política en casa.
CONCLUSIÓN: LA CONSTANTE UNIVERSAL DEL PODER
Ya sea la Junta Militar en Buenos Aires invocando la soberanía de las Malvinas en 1982, la dinastía Alauita en Rabat enviando marchas al desierto o tomando islotes para tapar la miseria y los escándalos de la corte, o la Casa Blanca apelando al fervor patriótico tras un atentado o en plena tormenta mediática, la lección de la historia es incontestable:
Cuando el poder interno tambalea, la tentación de buscar o fabricar un enemigo exterior es insuperable.
La “Doctrina Malvinas” no entendió nunca de ideologías, continentes ni regímenes políticos. Es, simplemente, la herramienta más antigua y eficaz de la política para que los gobernantes logren el objetivo más importante de todos: perpetuarse en el poder.
Nota editorial
Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor. Su publicación en Internacionalizarse no implica adhesión institucional a los argumentos expuestos, sino que se inscribe en una política editorial orientada a promover el análisis plural, el intercambio de ideas y el debate informado sobre asuntos internacionales.
