El Reino Unido no está a punto de desaparecer. Y precisamente por eso lo ocurrido en Cardiff merece más atención que los titulares que anuncian apresuradamente su “desintegración”. Los Estados rara vez desaparecen de la noche a la mañana. Antes de que cambien las fronteras suelen cambiar las preguntas, las instituciones y, sobre todo, la percepción de quién posee la legitimidad para decidir. En septiembre de 2026, la cuestión británica parece haber entrado en esa fase.
El 14 de septiembre, John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés; Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru; Michelle O’Neill, vicepresidenta de Sinn Féin y primera ministra de Irlanda del Norte; y Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda, se sentaron juntos en Cardiff. No trazaron nuevas fronteras sobre un mapa ni fijaron una fecha común para abandonar el Reino Unido. Hicieron algo políticamente más sutil: firmaron un memorándum que convierte la autodeterminación en un lenguaje compartido entre los principales movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda. Participaron en calidad de dirigentes de sus partidos, no como una suerte de gobierno conjunto de las tres naciones, una distinción imprescindible para entender el alcance real del encuentro.
El texto comienza reconociendo que Escocia, Gales e Irlanda poseen historias, identidades y tradiciones políticas diferentes. Después, formula la idea que conecta todo el documento: cada nación debe poder determinar democráticamente su propio futuro. Los firmantes reconocen
expresamente que sus posiciones constitucionales no son idénticas y que cada territorio seguirá su propio camino y su propio calendario. Sin embargo, la frase que capturó la atención internacional fue mucho más contundente: “Westminster’s time is coming to an end”. El documento exige además que el Gobierno británico se prepare, planifique y facilite futuros cambios constitucionales.
La declaración contiene otro elemento todavía más interesante desde las Relaciones Internacionales. El proyecto no se presenta únicamente como una rebelión contra Londres, sino también como un regreso hacia Europa. El memorándum sostiene que el Brexit perjudicó las economías y las oportunidades de sus pueblos, define a Europa como su “hogar común” y sitúa el futuro de esas naciones dentro de la Unión Europea.
La paradoja es difícil de ignorar. El Brexit pretendía recuperar soberanía desde Bruselas hacia Westminster. Diez años después, algunos de los movimientos nacionalistas más importantes del Reino Unido utilizan precisamente el Brexit para argumentar que una parte de esa soberanía debería abandonar Westminster y regresar a Europa, esta vez ejercida por Estados distintos.
Cardiff: dos acuerdos distintos
Sin embargo, el 14 de septiembre ocurrieron en Cardiff dos acontecimientos diferentes, y confundirlos reduciría la importancia de aquella jornada. Por un lado estuvo el memorándum político firmado por SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin. Por otro, los gobiernos de Escocia y Gales firmaron oficialmente el Cardiff Agreement —Cytundeb Caerdydd—, un marco intergubernamental para profundizar su cooperación en pobreza infantil, coste de vida, crecimiento económico, cambio climático, cultura, relaciones internacionales y vínculos con la Unión Europea. El documento afirma que, por primera vez desde el inicio de la devolución, ambos países están dirigidos por gobiernos que creen que podrían prosperar como naciones independientes. John Swinney y Rhun ap Iorwerth recalcaron también que escoceses y galeses deben poder decidir su futuro constitucional.
Ese segundo documento puede terminar siendo más importante que la fotografía de los cuatro dirigentes. Los partidos nacionalistas ya habían cooperado anteriormente; que dos gobiernos comiencen a institucionalizar una relación política propia introduce otra dimensión. No constituye un tratado entre Estados soberanos, no es jurídicamente vinculante y no inicia ningún procedimiento de secesión. Pero permite imaginar cómo Edimburgo y Cardiff quieren relacionarse entre sí: no únicamente como administraciones subordinadas que negocian bilateralmente con Londres, sino como gobiernos que desarrollan intereses comunes horizontalmente.
Tres relojes constitucionales
Ahí se encuentra la verdadera singularidad del momento británico. No existe una cuenta regresiva única hacia el fin del Reino Unido. Existen tres relojes constitucionales, y cada uno marca una hora diferente.
Escocia: el reloj más adelantado
El primero está en Escocia y es el que se encuentra más adelantado.
El 18 de septiembre de 2014, el 55,3% de los escoceses rechazó la independencia frente a un 44,7% favorable, con una extraordinaria participación del 84,6%. Parecía posible guardar la cuestión durante una generación. Entonces llegó 2016. Mientras el Reino Unido votaba por abandonar la Unión Europea, Escocia eligió permanecer con el 62% contra el 38%. Irlanda del Norte también votó por permanecer, con 55,8%, mientras Gales, a diferencia de ambas, respaldó el Brexit.
Aquella diferencia transformó el argumento independentista escocés. En 2014 se había pedido a Escocia que eligiera entre abandonar el Reino Unido o permanecer dentro de un Estado miembro de la Unión Europea. Dos años después, la segunda parte de aquella realidad desapareció. Para el SNP, el Reino Unido del referéndum de 2014 ya no es constitucional ni internacionalmente el mismo Reino Unido de 2026.
Las elecciones escocesas del pasado 7 de mayo reforzaron ese argumento institucionalmente. El SNP consiguió 58 de los 129 escaños de Holyrood y los Verdes Escoceses otros 15. En conjunto, fuerzas favorables a la independencia ocupan 73 escaños, aunque votar por esos partidos no equivale automáticamente a votar por la separación.
John Swinney decidió convertir ese resultado en presión directa sobre Londres. El 28 de agosto su Gobierno publicó un nuevo proyecto de ley de referéndum con la misma pregunta esencial de 2014: “Should Scotland be an independent country?”. El texto incluso establece el marco electoral, pero deja la fecha pendiente por una razón fundamental: Edimburgo reconoce que primero necesita obtener las competencias necesarias.
Ese detalle revela la gran contradicción constitucional escocesa: existe una mayoría parlamentaria favorable a la posibilidad de independizarse, pero el Parlamento que representa a Escocia carece de autoridad jurídica para decidir por sí mismo si pregunta a sus ciudadanos si quieren hacerlo.
El Tribunal Supremo británico resolvió esta cuestión en 2022. Incluso un referéndum consultivo tendría consecuencias políticas suficientemente importantes como para relacionarse con materias constitucionales reservadas a Westminster. Por tanto, Holyrood no puede convocarlo unilateralmente. La vía utilizada en 2014 fue una Section 30 Order, por la cual Westminster transfirió temporalmente la competencia necesaria. Una nueva orden requeriría nuevamente participación y aprobación institucional británica. Tras las elecciones de 2026, Londres volvió a rechazar la petición escocesa.
La controversia adquirió un giro inesperado este septiembre cuando el primer ministro británico Andy Burnham comparó durante una intervención parlamentaria la situación escocesa con el mecanismo existente para Irlanda del Norte: si la opinión pública cambiara suficientemente, dijo, la cuestión tendría que ser considerada. Swinney tomó esas palabras literalmente y el 10 de septiembre le escribió invitándolo a transformar ese principio en un mecanismo jurídico objetivo que permitiera a los escoceses decidir.
Burnham enfrió posteriormente cualquier expectativa inmediata y su Gobierno insiste en que actualmente no existe el consenso necesario para otra consulta. Pero Swinney ha colocado ya un horizonte: quiere que el referéndum se produzca antes de terminar la actual legislatura escocesa, en 2031, y llegó a declarar en Cardiff que Burnham podría convertirse en “el último primer ministro del Reino Unido”.
La retórica es mucho más avanzada que la aritmética electoral. Las encuestas continúan mostrando una Escocia prácticamente partida en dos. La cobertura más reciente sitúa el independentismo alrededor del 47-48%, mientras las series de encuestas llevan años moviéndose cerca del empate. No existe actualmente una mayoría abrumadora capaz de hacer inevitable otro referéndum, pero tampoco existe evidencia de que la derrota de 2014 haya cerrado definitivamente el debate.
Gales: gobernar antes de consultar
El segundo reloj está en Gales. Avanza más lentamente, pero quizá sea el que más ha cambiado.
Durante décadas, hablar de independencia galesa tenía un peso electoral muy inferior al nacionalismo escocés. Eso terminó de cambiar el pasado mayo cuando Plaid Cymru obtuvo 43 de los 96 escaños del Senedd y formó el Gobierno. Rhun ap Iorwerth se convirtió el 12 de mayo en primer ministro de Gales, inaugurando el primer Gobierno encabezado por Plaid Cymru.
Y mientras este artículo se cierra, el escenario acaba de moverse nuevamente. Este 15 de septiembre, Sarah Cooper-Lesadd, elegida hace apenas cuatro meses por Reform UK, abandonó ese partido y se incorporó a Plaid Cymru. Con su llegada, la formación de ap Iorwerth pasa de 43 a 44 miembros del Senedd, quedando a cinco de la mayoría absoluta. La deserción no puede interpretarse como un voto ciudadano adicional a favor de la independencia, pero sí fortalece parlamentariamente al partido que gobierna Gales y que aspira, a largo plazo, a convertirlo en Estado soberano.
Y aquí aparece uno de los datos más interesantes de toda la discusión británica. Gales no quiere hoy mayoritariamente independizarse. Una encuesta realizada por Survation para YesCymru entre el 13 y el 24 de agosto coloca el Sí en 32% frente al 68% del No entre los votantes decididos. Esto hace imposible presentar la victoria de Plaid como un mandato para romper inmediatamente con Londres.
Pero el promedio nacional oculta una división generacional considerable. En la misma encuesta, la independencia obtiene 59% entre los votantes de 18 a 24 años, 54% entre los de 25 a 34 y 57% entre los de 35 a 44. Después de los 45 años, el apoyo cae drásticamente.
Ese contraste posiblemente explique la estrategia de Plaid Cymru mejor que cualquier discurso. Ap Iorwerth ha descartado celebrar un referéndum durante esta legislatura, que termina en 2030. Su apuesta parece ser otra: demostrar capacidad de gobierno, obtener mayores competencias, fortalecer la identidad institucional galesa y convertir gradualmente la independencia en una posibilidad imaginable para ciudadanos que hoy no la respaldan. YesCymru, por su parte, plantea como objetivo una consulta hacia 2032.
Gales puede convertirse así en el experimento más interesante de los tres: ¿puede un gobierno independentista crear primero la mayoría social que todavía no existe?
Irlanda del Norte: una ruta jurídica diferente
El tercer reloj no está contando hacia la independencia de Irlanda del Norte, porque ese no es el proyecto del nacionalismo irlandés. Está contando hacia una eventual reunificación de Irlanda.
Esta distinción es crucial. Escocia quiere convertirse en un nuevo Estado. Plaid Cymru imagina un Estado galés. Sinn Féin quiere que Irlanda del Norte deje de pertenecer al Reino Unido para incorporarse a la República de Irlanda. Y a diferencia de los otros dos territorios, existe ya una puerta constitucional para hacerlo.
El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció el principio de consentimiento: Irlanda del Norte permanecerá dentro del Reino Unido mientras esa sea la voluntad de la mayoría de sus habitantes. El secretario de Estado británico para Irlanda del Norte debe convocar un border poll si considera probable que una mayoría vote por la reunificación. Una modificación constitucional exigiría además consentimiento democrático en la isla. Si una consulta en el Norte rechazara la reunificación, no podría celebrarse otra durante al menos siete años.
Por eso Irlanda del Norte se encuentra jurídicamente en un lugar que Escocia envidia: Westminster conserva una función decisiva, pero no puede sostener en principio que la cuestión jamás pueda votarse.
Los números actuales, sin embargo, tampoco anuncian una reunificación inmediata. El Northern Ireland Life and Times Survey de 2025 encontró un 36% favorable a integrarse con la República de Irlanda y 45% contrario, con el resto dividido entre indecisos, abstencionistas y otras respuestas. Pero nuevamente aparece el factor generacional: entre los 18-24 y 25-34 años el Sí alcanza 44%, por encima del No en ambos grupos.
Sinn Féin cree que ese equilibrio cambiará. Mary Lou McDonald manifestó en Cardiff que espera un referéndum de reunificación hacia 2030. Michelle O’Neill ha insistido en que el debate está vivo y que debe comenzar una preparación seria para una eventual decisión.
Pero Cardiff también mostró los límites del supuesto “frente celta”. Irlanda del Norte no tiene un gobierno nacionalista convencional. Su Ejecutivo descansa sobre un sistema de poder compartido entre nacionalistas y unionistas. Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra y dirigente del DUP, recordó inmediatamente que O’Neill no tenía autoridad para acudir a Cardiff o firmar documentos en nombre del Ejecutivo norirlandés. O’Neill participó, por tanto, como dirigente de Sinn Féin, no como portavoz constitucional de todo Stormont.
La objeción no es meramente protocolar. Demuestra por qué la cuestión irlandesa sigue siendo mucho más sensible que la escocesa o la galesa: cualquier futuro cambio tendrá que conseguir una legitimidad suficientemente amplia como para no volver a convertir la frontera en una línea de confrontación entre comunidades.
Y Dublín tampoco está siguiendo exactamente el libreto de Sinn Féin. Este 15 de septiembre, el taoiseach Micheál Martin cuestionó la decisión del partido de asociar la reunificación irlandesa con los movimientos independentistas de Escocia y Gales. Según Martin, Irlanda del Norte constituye un caso excepcional por su historia y por el marco jurídico del Acuerdo de Viernes Santo; mezclar los tres procesos podría incluso perjudicar la causa de la unidad irlandesa.
Es una crítica extraordinariamente reveladora. Cardiff ha construido un lenguaje político común, pero no una estrategia constitucional común.
Escocia necesita romper el bloqueo jurídico de Westminster. Gales necesita antes construir una mayoría social que hoy no posee. Irlanda del Norte ya dispone de una ruta legal, pero necesita alcanzar el umbral político que la active y administrar una transformación que afectaría no solo al Reino Unido, sino también a la República de Irlanda.
Hay tres relojes, no uno.
Estados Unidos entra en la conversación
Y sobre ellos apareció inesperadamente un cuarto actor: Estados Unidos.
Durante su visita a Irlanda, Donald Trump declaró el 13 de septiembre que le gustaría ver una Irlanda unificada y sugirió que podría ocurrir antes que después. Preguntado por Escocia, respondió que no hablaría de ella “todavía”. La intervención provocó malestar entre unionistas y en Londres y fue recibida con mucho más entusiasmo por Sinn Féin.
Washington no tiene capacidad jurídica para decidir el futuro constitucional de Irlanda del Norte. Eso corresponde a los ciudadanos afectados en virtud del Acuerdo de Viernes Santo. Pero que un presidente estadounidense introduzca públicamente la reunificación en una visita a Irlanda le otorga una dimensión internacional que Londres difícilmente puede ignorar. Estados Unidos ha sido durante décadas un actor relevante en el proceso de paz irlandés; por ello, incluso una declaración sin consecuencias legales posee un peso diplomático superior al de una opinión extranjera cualquiera.
Westminster y la disputa por la soberanía
Todo esto ocurre además frente a un gobierno británico atrapado en una paradoja. Andy Burnham ha colocado la descentralización y la transferencia de poderes hacia las regiones inglesas en el centro de su agenda. Escocia, Gales e Irlanda del Norte están intentando utilizar precisamente ese lenguaje para preguntar: si acercar el poder a los ciudadanos es democráticamente deseable, ¿por qué debería existir un punto decidido exclusivamente por Westminster a partir del cual ya no se puede seguir descentralizando?
Downing Street responde que las prioridades actuales son el coste de vida, la seguridad económica y los servicios públicos, no nuevos referéndums. Burnham tiene previsto reunirse el próximo mes con los primeros ministros de los tres gobiernos descentralizados.
Esa reunión podría ser mucho más importante que la de Cardiff. Allí no se enfrentarán únicamente independentistas entre sí, sino las dos concepciones que compiten por definir qué es el Reino Unido. Para Londres, continúa siendo un Estado soberano cuya Constitución reserva ciertas decisiones al Parlamento británico. Para los nacionalismos periféricos, se parece cada vez más a una asociación voluntaria de naciones cuya legitimidad depende de que cada una pueda renovar su consentimiento.
El conflicto no es simplemente territorial. Es una disputa sobre dónde reside la soberanía.
Qué implicaría una eventual separación
Y después aparece la pregunta que suele desaparecer detrás de las banderas: ¿qué ocurriría realmente si alguna de estas naciones decidiera marcharse?
Escocia proporciona el laboratorio más desarrollado. Su Gobierno propone continuar utilizando inicialmente la libra esterlina y posteriormente crear una libra escocesa. También pretende solicitar el ingreso en la Unión Europea lo antes posible. Pero una Escocia independiente no entraría automáticamente en la UE: tendría que seguir el procedimiento de adhesión del artículo 49 y obtener finalmente el consentimiento de los 27 Estados miembros.
El problema económico tampoco puede reducirse a consignas. Según las últimas estadísticas oficiales, Escocia registró en 2025-26 un déficit fiscal nocional equivalente al 10,9% de su PIB, frente al 4,2% del conjunto británico. Los partidarios de la Unión señalan este dato como evidencia de los costes de una separación; los independentistas replican que las cuentas actuales reflejan precisamente una economía gestionada dentro del sistema británico y no permiten predecir mecánicamente el desempeño de un Estado con políticas propias.
Existe además una integración comercial difícil de desmontar. En 2023, aproximadamente el 60% de las exportaciones escocesas tuvieron como destino el resto del Reino Unido, por un valor estimado de £55.400 millones. Si Escocia ingresara en la Unión Europea mientras Inglaterra permaneciera fuera, desaparecería una frontera política interna de tres siglos y aparecería en su lugar una frontera económica entre el mercado único europeo y el británico.
La independencia podría resultar todavía más incómoda para Londres en materia de seguridad. La base naval HMNB Clyde, compuesta por Faslane y Coulport, se encuentra en Escocia. Faslane alberga los submarinos encargados de la disuasión nuclear británica y Coulport almacena y carga las ojivas nucleares utilizadas con los misiles Trident. Se trata de uno de los componentes fundamentales de la capacidad estratégica británica y de su contribución nuclear a la OTAN.
Una Escocia independiente que rechazara permanentemente armas nucleares en su territorio no estaría simplemente alterando una frontera doméstica: estaría obligando a una potencia nuclear miembro permanente del Consejo de Seguridad a reconsiderar la infraestructura física de su disuasión.
Sin embargo, ni siquiera una salida de Escocia significaría automáticamente el colapso internacional de Londres. Los análisis parlamentarios británicos consideran que el escenario más probable sería que el resto del Reino Unido fuese tratado como Estado continuador, conservando tratados y organizaciones internacionales. El asiento permanente británico en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco desaparecería automáticamente; modificar la membresía permanente requiere un procedimiento extraordinariamente complejo de reforma de la Carta.
También ocurrirían paradojas mucho más visibles.
Escocia independiente no tendría necesariamente que convertirse en república. La política actual del Gobierno escocés contempla mantener inicialmente a Carlos III como jefe de Estado dentro de una monarquía constitucional, de manera semejante a Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Independencia de Westminster y ruptura con la Corona son, constitucionalmente, dos decisiones diferentes.
Y la Union Jack podría sobrevivir incluso a la salida de Escocia. La posición histórica del Gobierno escocés es que correspondería al Estado restante decidir si conserva la bandera actual. Es decir, el símbolo de la Unión podría continuar existiendo aunque una de las naciones cuya cruz aparece representada en él ya no perteneciera políticamente a la Unión.
La ironía sería todavía mayor si Irlanda del Norte se reunificara con Irlanda. El nombre oficial, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dejaría de describir la realidad política. Si Escocia también abandonara posteriormente el Estado, no solo cambiaría el territorio británico: Londres tendría que reconsiderar incluso el nombre mediante el cual uno de los Estados más antiguos e influyentes del sistema internacional se presenta ante el mundo.
Un proceso abierto, no inevitable
Pero ninguna de estas posibilidades debe confundirse con inevitabilidad.
Escocia continúa prácticamente dividida por la mitad. Gales continúa claramente contrario a la independencia en el conjunto de su población. Irlanda del Norte tampoco posee hoy una mayoría demostrada por la reunificación. Westminster conserva enormes recursos jurídicos, económicos e institucionales. La interdependencia entre estas sociedades es profunda y la separación implicaría años de negociaciones sobre deuda, ciudadanía, fronteras, pensiones, defensa, activos públicos, comercio y relaciones internacionales.
El error sería mirar únicamente esos obstáculos y concluir que nada importante está sucediendo.
La historia de los Estados multinacionales rara vez cambia cuando todas las condiciones están maduras simultáneamente. Cambia cuando un acontecimiento modifica el cálculo del siguiente. Una victoria independentista en Escocia transformaría inevitablemente la discusión galesa. Un border poll en Irlanda del Norte modificaría la percepción sobre la permanencia de la propia Unión. Un crecimiento sostenido del independentismo entre los jóvenes galeses podría cambiar un debate que hoy parece prematuro.
Por qué Cardiff importa
Por eso Cardiff importa.
No, porque el 14 de septiembre de 2026 se haya firmado la disolución del Reino Unido. No ocurrió.
Importa porque, por primera vez, las tres grandes conversaciones constitucionales situadas fuera de Inglaterra se miraron unas a otras y se reconocieron como parte de una cuestión mayor. El SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin no comparten exactamente el mismo destino, ni el mismo calendario, ni siquiera la misma definición de independencia. Pero comparten una idea capaz de transformar la naturaleza del Estado británico: que pertenecer al Reino Unido no debería ser una condición permanente decidida una vez y para siempre, sino una relación política que cada nación debe tener derecho a reconsiderar.
Y quizá ahí se encuentre el verdadero desafío para Londres.
Durante tres siglos, la fortaleza del Reino Unido descansó en que la Unión era el punto de partida del debate político. En 2026 comienza a ocurrir algo diferente: para una parte creciente de la política escocesa, galesa y norirlandesa, la Unión se está convirtiendo en una opción que debe justificarse.
El Reino Unido sigue existiendo. La Union Jack continúa ondeando sobre Westminster. Carlos III continúa siendo rey de un Estado compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. No existe hoy una mayoría simultánea en tres territorios dispuesta a desmontarlo.
Pero la pregunta ha cambiado.
Ya no es simplemente “¿Puede disolverse el Reino Unido?
¿Qué ocurriría si sus naciones comenzaran a decidir, una por una y en momentos distintos, que la unión de más de tres siglos ha dejado de ser la mejor forma de compartir su futuro?
Cardiff puede terminar siendo recordado como una fotografía pasajera entre cuatro dirigentes nacionalistas.
O puede convertirse, con el tiempo, en algo muy distinto: la fotografía de un Estado todavía unido tomada justo cuando sus partes comenzaron a imaginar seriamente qué vendría después de él.
Sobre el autor
Gonzalo Otárola es bachiller en Relaciones Internacionales, con interés en geopolítica, cooperación internacional y transformaciones del sistema internacional contemporáneo.
Nota editorial: las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Internacionalizarse.
